No para de tambalearse el enclenque pacto de gobierno en la ciudad de Telde, más debilitado (en los votos, que no en la tranquilidad) tras la sonada marcha de Ciuca, comentada aquí mismo hace unos días. El reajuste obligado por la estampida de Guillermo Reyes y los suyos ha obligado a la alcaldesa y a su único socio, Pablo Rodríguez (Coalición Canaria), a hacer algunos cambios que seguramente no contribuirán más que a la inestabilidad interna y de la Corporación en su conjunto. En un gesto incomprensible, Coalición Canaria se ha desprendido del área de Festejos, que separa de Cultura para que los dos partidos en el poder puedan celebrar bolos que generen algo de querencia electoralista, con el consiguiente riesgo de descoordinación y de anarquía contratante. Al acumularse en manos de los dos únicos concejales nacionalistas nuevas responsabilidades, como la de Educación, han cedido Festejos a Agustín Pérez, del Partido Popular, que reclamaba desde hace tiempo esa área para fortalecer su actividad empresarial, que no es otra que la prestación de servicios de luz, sonido y logística para actos públicos y privados. A través de la empresa familiar Animarte, que opera desde 2006, Pérez ve reforzada la posición de ventaja que ya gozaba con administraciones de su partido, incluido Telde, donde siempre ha llamado la atención que se le contrataran servicios municipales a su propia empresa durante el presente mandato a través de la concejalía de Participación Ciudadana y para el distrito de Jinámar, ambos de su competencia. Él insiste en que esa empresa ya no es suya, y parece confirmarse que hace tiempo que dejó de ser administrador único para ceder ese puesto a su esposa, con lo que la irregularidad sigue siendo manifiesta y claramente criticable. Animarte hace tiempo que contrata mucho con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de concursos por invitación del que siempre sale triunfante para acabar contratando los equipos de luz y sonido a las otras empresas que concursan y salen derrotadas. Una modalidad de subcontratación prohibida en los concursos que gana lo que, sin embargo, jamás le ha reportado penalizaciones. La oposición toma nota para comprobar los contratos que a partir de ahora suscribirá con el área de la que es responsable.