Leyendo lo que este sábado publicó en El Mundo el periodista Fernando Lázaro, al que ya piden en las redes sociales que se levante y contraste, hemos descubierto algunas perlas verdaderamente reveladoras. Por ejemplo, que la misma persona que tan gentilmente le hizo llegar la queja de Salvador Alba contra la fórmula de asignación de jueces sustitutos, le obsequió con algunos sabrosos añadidos con los que componer la crónica de una corrupción aparentemente muy extendida en la justicia en Canarias. Quizás sea esa misma persona la que, hace unos meses, le contó con detalle pero con los términos invertidos, lo que ocurrió en una sesión de la Sala de Gobierno del TSJC respecto al penúltimo episodio del Soriagate, esa paranoica conspiración que ha denunciado públicamente José Manuel Soria para hacer creer a la ciudadanía que él y los miembros de su partido sorprendidos con la mano en la lata del gofio son unas almas cándidas incomprendidas por el resto de la humanidad. De sus fuentes tan escogidas, procedentes de la misma parte amarga de la cáscara, Lázaro extrajo como conclusión que Antonio Castro Feliciano podría estar designando jueces de manera predeterminada para que entiendan de casos muy concretos, los que tienen “derivadas políticas”, dado que, como añade a continuación, “durante los últimos años, el acoso policial y judicial a Soria y al PP canario ha sido constante”. Un exceso de Alba da para mucho si cae en las manos adecuadas, como pueden observar.