El remate de tantos ataques a Canarias, ya colocados en la agenda de la vicepresidenta del Gobierno, lo completaban aspectos como la obligación del certificado de residencia para poder viajar, las autorizaciones petrolíferas a Repsol en las inmediaciones del Archipiélago, la reducción a la mitad de la subvención al transporte de mercancías y, por supuesto, los 800 millones de euros que Canarias estima que le faltan de transferencias del Estado para situarse en la media de las regiones españolas. La vicepresidenta, al decir de los conocedores de la reunión, tomó nota y prometió ocuparse de desbloquear estas cuestiones, unas de la estricta competencia de Soria y otras de otros ministerios en los que ha metido las narices el ministro canario para transmitir la sensación a la opinión pública canaria que él está en todos los fogones y que sin él, Canarias se hunde. Tras esa reunión con Paulino Rivero se activaron los ministerios competentes en las materias objeto de las quejas del presidente de Canarias. Por ejemplo el de Fomento, al frente del cual está una ministra, Ana Pastor, a la que ha indignado soberanamente conocer por boca del consejero Domingo Berriel las andanzas de su compañero de Consejo de Ministros, en concreto sus manifestaciones públicas constantes acerca de las bonificaciones a las tasas aeroportuarias. A Pastor le habían ido con el cuento de que se trataba de descuentos discriminatorios que causaban agravios a algunas compañías y un agujero económico en Aena, pero cuando conoció la realidad, contraria a lo que sostiene el ministro canario, ha dado órdenes de reconsiderar la cuestión. Otro problema que se desbloqueará pese a Soria.