El gas es, sea Soria ministro o concejal de Parques y Jardines, un asunto de mucha enjundia en Canarias, especialmente por los modales con los que nos quisieron imponer su penetración. Nadie parece dudar a estas alturas que, ante el clamoroso retraso en la penetración de las renovables, podría convenir a los intereses energéticos de las islas una combinación temporal de ese combustible fósil con el fuel en las centrales de ciclo combinado de Granadilla (Tenerife) y Juan Grande (Gran Canaria). Pero tratar de imponer esa penetración con una empresa confeccionada desde el poder, con un puerto como el de Granadilla cuya ejecución esconde un tremendo pelotazo urbanístico de los mismos de siempre en Tenerife, y con una frontal oposición de los municipios de la comarca del Sureste grancanario a tenerlo en Arinaga, espanta a cualquiera. La presión de Agüimes, Ingenio y Santa Lucía en contra de una central en la zona (la ley la prohibe a menos de dos kilómetros de la población) ha llevado al Cabildo de Gran Canaria a contradecirse en unas cuantas ocasiones. Hasta tres mociones han sido aprobadas en el pleno de la Corporación. Las dos primeras registraron la unanimidad del PP, el PSOE, Coalición Canaria y Nueva Canarias para que la planta se instalara mar adentro. Pero hace tan solo unas semanas, una nueva moción de Nueva Canarias, el partido de los alcaldes de Santa Lucía y Agüimes (en este caso a través de la fuerza local Roque Aguayro) dio como resultado un cambio radical de postura del PP, que votó a favor de su instalación en tierra. El PSOE y CC, que ahora comparten gobierno regional, se abstuvo en esta ocasión.