Los nuevos tiempos se cargan el Oasis de Maspalomas

Lo peor no es que se haya perdido un año estúpidamente. Lo peor es la sensación de que alguien ha dado el pistoletazo de salida para que vuelvan a campar a sus anchas los especuladores que no creen en el desarrollo sostenible ni en la obligación que todos tenemos de preservar para el futuro los pocos valores naturales que han quedado en pie tras décadas de devastación. La llegada del nuevo Gobierno de Canarias ha coincidido con un cambio muy elocuente en las sensibilidades. Se veía venir cuando empezaron a sonar los tambores anunciadores de una relajación en las exigentes normas urbanísticas y ambientales de Canarias, custodiadas con desigual fortuna y peor fama por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, la controvertida Cotmac. El empuje de los inversores, la crisis económica con su paro galopante por la caída espectacular de la construcción, eran coartadas perfectas para romper los corsés y aplicar las normas más neoliberales sobre el territorio. El Gobierno anterior, sin embargo, logró embridar esos desafueros con algunas medidas –no siempre acertadas- como la creación de un comité encargado de evaluar las inversiones estratégicas que, tras su análisis y aprobación en su caso, se veían favorecidas por una tramitación burocrática menos rígida que las habituales. Al calorcito de este nuevo Gobierno y sin que seguramente haya podido intervenir más que para certificar desaguisados, estamos asistiendo a algunos atropellos que adquieren el carácter de memorables. El macro centro comercial permitido por el Ayuntamiento de Adeje con agostidad y alevosía al empresario Ambrosio Jiménez llevándose por delante un suelo calificado para parque temático, es uno de esos ejemplos de atorramiento, consistente tal género administrativo en hacer todos los preparativos de un expediente para lanzarlo aprovechando un cambio político del calado que sea. En Gran Canaria ha aparecido otro ejemplo, aún más sangrante, el Oasis de Maspalomas, condenado a desaparecer si este Gobierno no es capaz de cumplir con los acuerdos políticos que está obligado a ejecutar. O a derogar si no le gustan.

Lo que Gesplan ha incumplido

Para que nadie se vuelva loco buscando el acuerdo tomado el 6 de agosto de 2014 por el Gobierno de Paulino Rivero y José Miguel Pérez, lo tienen en el Boletín Oficial de Canarias del 8 de agosto, tampoco hace tanto, eh. Con plano anexo y todo sólo ocupa seis folios, así que es fácil de leer y hasta de entender. En ese acuerdo se dice textualmente que procede “iniciar procedimiento de suspensión de las determinaciones urbanísticas en el ámbito de suelo urbano consolidado de la Urbanización Oasis Maspalomas” con el fin de alcanzar los siguientes objetivos:

1. Protección máxima del hábitat del Palmeral garantizando su disfrute público.

2. Integración del palmeral en la zona litoral proponiendo la relación entre ambos sistemas, sustituyendo, en su caso, las edificaciones existentes por espacios libres.

3. Garantizar las cuencas visuales de los usos públicos, que incluyan el palmeral y la zona litoral, buscando la permeabilidad con la zona de costa.

4. Potenciar el entorno del Faro de Maspalomas, proponiéndose ampliar los espacios libres, implementando los ya existentes junto al mismo, realzando su valor histórico declarado como BIC, sus perspectivas y las cuencas visuales mediante el retranqueo de la totalidad de las edificaciones existentes en este ámbito.

5. Trasladar las edificabilidades complementarias existentes al igual que las turísticas, incluyendo su capacidad de plazas alojativas a otras ubicaciones, cuando limiten los anteriores objetivos.

Y remata dicho acuerdo del Consejo de Gobierno de la siguiente manera nada obtusa: “La suspensión tiene como finalidad, por tanto, garantizar la ordenación integral de esta zona desde el punto de vista ambiental y especialmente la recuperación del hábitat del palmeral de Maspalomas (…) como bien de uso y disfrute público, respetando la equivalencia de edificabilidades patrimonializadas”.

Grita devastación y suelta a Rafael Castellano

Para que el Gobierno de Paulino Rivero alcanzara este acuerdo fue necesaria una amplia movilización de colectivos ambientalistas, científicos, historiadores, arquitectos, urbanistas, etcétera que desembocaron en la incoación de un expediente de Bien de Interés Cultural (BIC) por parte del Cabildo de Gran Canaria. Aquel BIC feneció en cuanto llegó a manos del Gobierno, que se lo cargó amparándose en lo peregrino que podía resultar a ojos del mundo proteger un espacio por que en él hubiera repostado agua y leña un tal Cristóbal Colón. Pero a cambio de echar por tierra aquella pretensión, el Gobierno canario dio un paso que parecía más esperanzador por el carácter ejecutivo que se imprimía a la posible solución. Y vaya si era ejecutiva: en el acuerdo se instaba al consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, a tener preparada en octubre una propuesta de modificación del planeamiento en la zona que garantizara los cinco puntos arriba detallados. Berriel fue incapaz de conseguirlo porque se tropezó con dos obstáculos que a la postre parecen haber resultado insalvables. De un lado la cerrazón de la cadena mallorquina RIU a negociar un acuerdo de compensación por el que abandonara sus pretensiones de levantar un mamotreto en medio del Oasis a cambio de suelo calificado en otra parte de Meloneras, la urbanización contigua. Y de otro lado, el empeño de Rafael Castellano, gerente de Gesplan, la empresa pública gubernamental encargada de asumir los planeamientos municipales, de inclinarse siempre del lado de los mallorquines con el afán principal de jeringarle el éxito al consejero Berriel. Se mezcló el hambre con las ganas de comer porque ante un acuerdo de Gobierno tan clarito los avances que conseguía el gerente de Gesplán eran verdaderamente marcianos: un día llegó a plantear una torre redonda y enorme, tipo hotel don Juan, en una esquina del palmeral del Oasis, rompiendo la estética del faro y del entorno y jeringándole la visibilidad del todo al hotel Residencia de Theo Gerlach, el establecimiento que goza de fama mundial por su lujo y ubicación.

Vuelta al punto de partida

Rafael Castellano ya no está al frente de Gesplán, puesto en el que duró demasiado, al decir de muchos operadores de planeamiento y obra pública. Pero la herencia que deja en este enclave de la zona turística más señera de Gran Canaria se ha convertido en un volador sin rabo. Tras un año de gestiones, el planeamiento de San Bartolomé de Tirajana está exactamente igual que cuando el Gobierno de Canarias ordenó a Gesplán que lo corrigiera. Eso significa que, cuando la aprobación del PGO sea definitiva, RIU podrá demoler su viejo hotel Maspalomas Oasis y levantar el mamotreto de 25 metros de altura con el que amenaza dejar a todos los canarios sin la visión de su palmeral. Y con la pérdida de control absoluto de lo que ocurra tras ese inmenso biombo. Tras comprobar que la cadena mallorquina fue capaz de ampliar uno de sus hoteles en Meloneras con tan solo una licencia de obra menor, parece fácil imaginarse lo que puede ser capaz con un Plan General absolutamente a su favor. Pero hay más peligros. Al volver todo al punto de partida en el que le fueron suspendidas sus licencias para demoler y construir y no haberse alcanzado los planes pretendidos por el acuerdo del Gobierno, incluyendo las debidas compensaciones urbanísticas por cambio de ubicación, la cadena de la familia RIU puede ahora reclamar daños y perjuicios, es decir, lo que la ley llama daño emergente y lucro cesante. Hubiera sido mejor, visto lo visto, que el Gobierno le aprobara al Cabildo el BIC, con Colón o con Ariel, qué más da, para no tener que explicarle a las generaciones futuras que por la negligencia de unos gobernantes canarios se puso en manos mallorquinas la muerte del Oasis de Maspalomas. Para evitar burradas como esta, querido presidente Clavijo, se inventó la Cotmac.

Soria, del lado de Volkswagen

¿Un escándalo internacional con Soria como ministro con competencias en la materia? Prepárense para ver lo más grande, si no es lo que ya estamos viendo. El ministro español de Industria, Energía y Turismo se ha puesto literalmente de lado ante el escándalo en el que se ha visto envuelto el mayor fabricante de coches del mundo, la compañía alemana Volkswagen. Sus primeras manifestaciones públicas han ido, en primer lugar, a anunciar que las inversiones previstas por el grupo en España están garantizadas, como si a estas alturas del escándalo, cuando se están descubriendo negligencias que incluso podrían tener alcance penal, pudiera aventurarse algo que tenga que ver con lo económico. Entre las multas que le esperan a VW dentro y fuera de Alemania y el coste que tendrá que asumir para sustituir en cada coche el terminal electrónico manipulado, a lo que habría que sumar la previsible debacle en la cotización bursátil y la caída en ventas por la pérdida de confianza del consumidor, no parece que nadie pueda estar en condiciones ahora mismo de asegurar ningún tipo de inversión nueva, ni en España ni en Jalisco, por mucho que el ministro del ramo se ponga a hacer el caballito con su Golf. El mutismo de Soria frente al fabricante alemán, contra el que han cargado los gobiernos del mundo civilizado, incluido el alemán, contrasta con la fuerte amenaza que sin embargo lanzó el señor ministro contra Seat, a la que piensa reclamar que devuelva las subvenciones si se confirmara que unas cuantas decenas de miles de coches de esa marca también han montado la unidad fraudulenta que permite trucar las emisiones de gases a la atmósfera. Y eso que VW también fabrica en España y, como es de prever, también habrá hecho lo propio en sus unidades diésel. De momento, Soria no ha dicho nada de reclamar a los consumidores las millonarias subvenciones del plan PIVE que permitieron a la industria automovilística española, con Seat y Volkswagen al frente, of course, unas cifras espectaculares estos últimos años.

Cerrando filas con Domingo Alonso

Mientras Soria incumple sus obligaciones y se pone a la cola de sus colegas de la Unión Europea en la exigencia de responsabilidades, otros admiradores de la empresa Domingo Alonso, S.A., importador de VW y Audi, han preferido lanzarse a las tremendas. En su cuenta de Facebook, el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Agustín Manrique de Lara, se ha mojado a favor de la marca alemana utilizando para ello una fotografía de un New Beetle blanco, probablemente perteneciente al parque móvil familiar, para poner de manifiesto cuáles son sus sensibilidades: 1) “es una industria europea con planta de producción española” (bien por el doble sentimiento patriótico, el europeo y el nacional; 2) es “una marca líder”(entre otras cosas gracias al monumental fraude, descubierto cinco años después de que empezara a cometerlo, que le ha permitido fabricar y vender en ventajosas condiciones respecto a los fabricantes que prefirieron ceñirse a las leyes; 3) “sus casi 600.000 empleados”, el típico argumento de peso que suele blandir la patronal cuando de justificar las ilegalidades se trata, argumento que no tienen en cuenta los defraudadores ni los estafadores cuando les ciega la codicia, y 4) “sus importadores y concesionarios”, que es donde más cosquillas le produce este asunto tanto a Manrique como a José Manuel Soria. El distribuidor para Canarias de VW y Audi es la empresa Domingo Alonso, a cuyo frente está uno de los empresarios más influyentes del Archipiélago, Sergio Alonso. Íntimo amigo del ministro y padrino del presidente de la Confederación de Empresarios, el presidente de Domingo Alonso es uno de los factótum del Círculo de Empresarios, el lobby más poderoso de la provincia de Las Palmas, capaz de cambiar un patrono y hasta un candidato a la presidencia del Gobierno, si es menester. La magnífica relación de Sergio Alonso con Soria le permitió enviar a un cualificado representante de su compañía al viaje oficial que recientemente giraron a Irán los ministros de Fomento, Exteriores e Industria en compañía de las cuarenta empresas más importantes de España, entre ellas Seat. Que un importador de vehículos fuera seleccionado para formar parte de tan selecta expedición no pasó en absoluto desapercibido para los expertos. Estamos ante un exitoso distribuidor de VW que no tiene culpa alguna del escandaloso fraude detectado (y reconocido) en el poderoso fabricante alemán. Por lo tanto es absolutamente peregrino y hasta estúpido el intento del ministro y del presidente de la patronal de cerrar filas para proteger a la marca que representa. De la cuestión ambiental mejor ni hablamos porque no parece que a ningún protagonista de esta historia le importe un carajo.

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