Paisaje después de la censura

1.- Una resaca es una resaca. La resaca en Coalición Canaria por la reconquista de Santa Cruz de Tenerife va a durar tres años e incluirá un corte de digestión. Para Bermúdez, de nuevo alcalde, no va a ser lo mismo que sus dos mandatos anteriores; primero, porque no tiene la protección del Cabildo de Tenerife ni del Gobierno de Canarias, donde gobiernan extraños al régimen, y segundo, porque los expedientes explosivos que le ha dejado activados la exalcaldesa Patricia Hernández los debe manipular con sumo cuidado para que no le estallen en la cara antes de 2023. Despedir a las 24 horas al abogado que dirigió la estrategia para recuperar el dinero saqueado por el caso Las Teresitas fue un error de principiante, impropio de Bermúdez, pero muy corriente en los revanchistas. Si hubiera esperado tan solo unas semanas, Ruymán Torres posiblemente se habría marchado voluntariamente, como hizo con su plaza de funcionario interino en 2017 al comprobar el escaso interés del de nuevo alcalde por meterle mano a los empresarios del régimen, verbigracia, Antonio Plasencia e Ignacio González, que en paz descanse.

Va a resultar excitante ver cómo tramita el nuevo grupo de gobierno el saqueo detectado en Emmasa, con Sacyr llevándose sin recato el dinero que puso como canon, con tres informes internos firmados por los técnicos ratificando que se trata de una ilegalidad como la copa de un pino. O los dos expedientes de contrataciones artísticas del Carnaval que ya están en manos de la Fiscalía, también adornados con sendos informes administrativos que apuntan hacia delitos muy graves.

Será un mandato intenso y a ello contribuirá sin duda ese exotismo que supone tener a una concejala tránsfuga dirigiendo nada menos que la Sociedad de Promoción (6 millones de euros de presupuesto), la Policía Local y el Medio Ambiente sin cobrar más de 700 euros al mes, los correspondientes a sus dietas por asistencias a pleno y comisiones. 

Porque a estas alturas hay que dar por hecho que Vidina Espino no podrá mantenerle por mucho más tiempo su contrato de asesora del grupo parlamentario mixto (24.000 euros brutos al año), donde la contrató contraviniendo las normas de Ciudadanos, y ahora se resiste a despedirla a la espera de acontecimientos recolocacionales,y perdón por el palabro. Ella, que es un dechado de ética y de deontología profesional y política. 

La de Evelyn Alonso es una situación churrigueresca porque si es concejala de tres áreas en el Ayuntamiento de Santa Cruz y tiene que acudir o dedicar a su puesto de trabajo de asesora parlamentaria las ocho horas de su contrato, no puede ocuparse de sus tareas municipales. Y si se dedica a sus tareas municipales y no al grupo parlamentario, estaría en un claro fraude ante el Parlamento regional. Un dilema muy propio de los personajes en presencia.

2.- Hacia la desintegración total de Ciudadanos. Los acontecimientos en torno a Ciudadanos en Canarias se van a precipitar próximamente porque la situación se ha tornado insostenible. O al menos eso es lo que dicen desde la dirección nacional, donde ya no saben cómo explicar lo ocurrido con la organización en las islas: primero expulsan a los dos concejales que hicieron alcaldesa a la socialista Patricia Hernández, a pesar de que hay pruebas de que siguieron las instrucciones de la coordinadora local de pactos, Teresa Berástegui, que ya se marchó del partido. Luego, ante los respectivos reveses judiciales, los readmiten y expulsan a la nueva tránsfuga oficial, Evelyn Alonso, clamando ante el PP por el incumplimiento del pacto antitransfuguismo con un éxito más bien ridículo.

Pero en Canarias, el elocuente silencio de Vidina Espino, la que ahora mismo ostenta el cargo de más relevancia política, el de portavoz parlamentaria, sólo contribuye a las especulaciones. La portavoz no opina sobre la situación de Evelyn Alonso; no se pronuncia sobre su expulsión ni sobre el mantenimiento de su contrato como asesora del grupo parlamentario. No habla de la moción de censura, ni por supuesto quiere volver a emplear la palabra “tamayazo”, la que aplicó con su rigor habitual para sus de nuevo compañeros de partido Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano.

El grupo mixto, el de Ciudadanos, formado por tan solo dos diputados, es la traslación perfecta de la deriva de ese partido. La portavoz no se habla con su número dos, Ricardo Fernández de la Puente: la principal asesora parlamentaria y número tres de la candidatura, Teresa Berástegui, abandona la formación para aceptar convertirse en viceconsejera de Turismo dentro del área que controla el omnipresente Casimiro Curbelo, líder de la Agrupación Socialista Gomera y bisagra decisiva en el pacto de gobierno regional.

Desde Gran Canaria abandona el partido otro que fue un peso pesado en Ciudadanos, Saúl Ramírez, buen amigo de Evelyn Alonso, con la que compartió sector crítico a favor de Paco Igea y contra la ganadora de las primarias nacionales, Inés Arrimadas. Ramírez se ha marchado a Unidos por Gran Canaria, el partido insularista de la familia Bravo de Laguna, que precisamente tiene en el Parlamento de Canarias un diputado, uno, que entró por el tercio de Coalición Canaria y que quiere formar grupo parlamentario propio para aprovecharse de las ventajas económicas y estratégicas de la cuestión. Solo hacen falta tres diputados, tres.

Ya hay quien en los alrededores especula con la posibilidad de que alguna empresa turística, a ser posible hotelera con establecimientos de alta calidad en La Gomera, haga una suculenta oferta a Ricardo Fernández de la Puente, profesional del sector. Su marcha abriría la puerta como parlamentaria a Teresa Berástegui, que ya no está en Ciudadanos, sino en la órbita gomera, pero es la dueña del acta. Entraría en el Parlamento como no adscrita, pero ya tiene cubiertas sus espaldas salariales con el puesto de viceconsejera que luce con orgullo. Curbelo pasaría a tener cuatro votos en vez de tres, a la espera de lo que haga Vidina Espino con el suyo.

3.- Pendientes del congreso de Coalición Canaria. Con cuatro o cinco diputados bajo su control, Casimiro Curbelo mejoraría su posición dentro del pacto de las flores para poder reclamar más inversiones y más poder para La Gomera. Pero también puede ofrecer ese suculento botín a su amigo Fernando Clavijo si, como se prevé, el expresidente canario resulta elegido nuevo presidente o secretario general (todavía no está claro el organigrama) en el próximo congreso de Coalición Canaria. Es el sueño de Fernando Clavijo: un gobierno de su partido con el PP y con ASG y su grupo satélite de no adscritos, en total, 36 diputados, suficiente para atragantarles cada mañana el desayuno a Ángel Víctor Torres y al vice Román Rodríguez. Salvo que el congreso de Coalición Canaria no esté tan amarrado como cabría imaginar a estas alturas. 

El triunfo de la moción de censura en Santa Cruz de Tenerife puede haber dado muchas alas a los que creen que con esa gesta comienza la reconquista del poder arrebatado tras las elecciones locales y autonómicas de 2019, pero nada más lejos de la realidad. El Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna son en estos momentos inexpugnables y la decisión de Ciudadanos y del PP de reafirmarse en el pacto antitransfuguismo la semana que viene puede complicar otras plazas. Además, Clavijo vuelve a enfrentarse a una nueva causa penal, el caso Reparos, que pronto se elevará al Supremo, donde goza de la protección del aforamiento.

Él y los suyos no quieren oír hablar de momento de reunificación del nacionalismo canario. Prefieren que Nueva Canarias sienta el temor de perder el poder y pida agua por señas. Pero desde Fuerteventura y Lanzarote aprietan los del sector progresista para que, en todo caso, el pacto sea con el PSOE, para lo cual solo es necesario que las distancias entre Ángel Víctor Torres y el presidente del Cabildo majorero, Blas Acosta, sigan incrementándose y prospere una censura que coloque a Lola García (Asamblea Majorera) al frente de la Corporación. Si antes no llegan los tribunales de justicia y lo arreglan de un plumazo.