No es el caso de Alemany, por desgracia, el único sobradamente conocido de periodistas apesebrados, de los que escriben al peso y en función de quien sea el que extiende los talones. Aquí, en Canarias, son pocos pero hacen mucho ruido. Incluso aparecen en sumarios judiciales cobrando cantidades que, dicho sea con todos los respetos, se antojan en principio bastante ridículas para los servicios que se prestan. Sabemos de propietarios de televisiones digitales terrestres en peligro de extinción que recibieron suculentos contratos de la televisión pública para hacer frente a una deuda de 600.000 euros con la Seguridad Social. Conocemos las piruetas realizadas por el doctor Alarcó desde unas sociedades públicas del Cabildo de Tenerife para satisfacer los descuadres económicos y de toda índole del periodista Andrés Chaves. Con vergonzosos detalles hemos escuchado cómo un ex dirigente empresarial pagaba 4.000 euros al mes a un periodista al que hacía tocar los billetes antes de introducirlos en el inevitable sobre para que se percatara de “la mano que le daba de comer”. Hemos leído informes policiales relatando la manera que tenía una empresa promotora de viviendas públicas de pagar a un periodista los publirreportajes que escribía para que quedara bendecida su gestión ante los ayuntamientos del PP.