Perturbado hasta que dimitió Soria

Reconozco que me produce una mezcla entre incertidumbre y frustración la decisión del magistrado Salvador Alba de retirar ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) su petición de amparo frente a este periódico y este periodista. La presentó, por lo que se pudo saber este jueves, el pasado día 4 en un escrito de dos folios y medio a lo largo de los cuales relataba sus apreciaciones sobre la actuación de la jueza Rosell en la causa que se sigue por fraude fiscal contra el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, y se quejaba de las “presiones” que recibía por parte de este periodista para poder desarrollar con la necesaria independencia sus funciones jurisdiccionales.

La incertidumbre viene generada por lo inexplicable de su decisión de desistimiento: si el día 4 sentía perturbaciones en su independencia, ¿qué cambió en los once días siguientes para que el 15 decidiera retirar su petición de amparo? En apariencia nada. Pero como las casualidades son así de caprichosas, ese día, el 15 de abril, renunciaba a su cargo de ministro en funciones de Industria José Manuel Soria, que a su vez dejaba su acta de diputado y dimitía como presidente del Partido Popular de Canarias.

Siempre hemos sido críticos con las resoluciones y actuaciones judiciales que, a nuestro entender, perturban precisamente el buen nombre y la independencia del poder judicial. Si una resolución la consideramos criticable, ¿por qué no habría de ser criticada? A día de hoy, como antes del 4 de abril, sostengo que el desempeño del magistrado Salvador Alba al frente del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria ha tenido momentos muy llamativos, y algunos de ellos los hemos relatado aquí con toda su crudeza y con el máximo respeto a las personas.

Y es ahí cuando aflora la frustración: la petición de amparo del señor Alba iba a proporcionarme la oportunidad de explicar con detalle nada menos que ante el órgano de gobierno de los jueces el por qué de mis críticas, relatando pormenorizadamente todos aquellos acontecimientos que hemos verificado e incluso tratado de contrastar con él sin éxito. Porque ante la petición de amparo frente a cualquier persona, entidad o colectivo, en este caso un periodista, se otorga un plazo para responder y defender la posición de quien supuestamente perturba, lo que se habría convertido –mira tú qué cosas- en la primera ocasión que habría tenido para ofrecer mi versión ante un órgano relacionado con la justicia, aunque sólo fuera en el ejercicio de la defensa de mi libertad de expresión.

Porque hasta la fecha y desde el pasado diciembre, este periodista ha tenido que soportar que una fiscal, alentada por su fiscal jefe, interpretara como le dio la real gana un contrato en el que aparece mi firma sin llamarme a declarar y sin admitir mi personación en la causa; un contrato, por cierto, con una errata que sólo tenía en su poder el ex ministro José Manuel Soria, y que una mano anónima acercó gentilmente hasta la Fiscalía de Las Palmas.

La mano que mece la cuna y que dimitió el día 15.

Porque un juez, el señor Alba, ha dedicado una hora de interrogatorio a un imputado por fraude fiscal para preguntarle exclusivamente por mí y mi trayectoria empresarial, eso sí, avisándole desde el inicio que le quitaba un delito y aunque la investigación no tuviera nada que ver ni conmigo ni con mis empresas. Tampoco el señor Alba ha autorizado al secretario del juzgado que se me diera traslado de aquella declaración, a la que sin embargo sí tuvo acceso el periódico La Provincia para reproducirla íntegramente a lo largo de cinco páginas (más o menos las mismas que mereció el suceso de las Torres Gemelas) en una edición dominical.

Porque a lo largo de estos cinco meses he podido seguir de cerca el proceso al que me he visto sometido solo a través de los periódicos El Mundo y La Provincia, y en el primer caso dándose la curiosa coincidencia de que el receptor de las filtraciones resulta ser el mismo periodista al que otra mano caritativa filtró en 2013 el borrador de la sentencia del caso Kárate tres meses antes de su publicación, cuando todavía el ponente, Salvador Alba, no había recibido el voto particular que emitió otro magistrado de esa Sala, Emilio Moya, hoy presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

Todo gira alrededor de José Manuel Soria, el que dimitió justo el día 15.

Porque la investigación a la jueza Victoria Rosell arranca con la entrega “anónima” en la Fiscalía de un contrato que sólo estaba en poder de Soria.

Porque al fracasar aquella investigación de la Fiscalía (declarada ilegal por el TSJC), es el mismísimo Soria, todavía ministro en funciones, quien interpone una querella contra la misma jueza ante el Supremo por los mismos hechos (inicialmente disciplinarios) convertidos a partir de esos momentos en presuntamente delictivos.

Porque al tumbarle sus pretensiones la Fiscalía del Supremo (18 de marzo) había que llenar de contenido la rocambolesca querella que a Soria le hizo muy gentilmente el socialista Eligio Hernández, lo que desembocó en el interrogatorio urgente a Ramírez (23 de marzo) y luego en dos informes consecutivos de Salvador Alba, el primero motu proprio al Poder Judicial  (6 de abril) y el segundo a petición de la Sala Segunda del Supremo, que todavía no ha decidido si admite o no la querella soriana, esta misma semana.

Y faltan más cosas por ver, estén seguros, en esta cacería sin disimulo a la diputada de Podemos por Las Palmas.

 

No hubo amparo para la jueza Farizo

Desde el pasado 21 de enero la Comisión Permanente del CGPJ desestimó la petición de amparo de la jueza de Santa Cruz de Tenerife María de los Ángeles de Lorenzo-Cáceres y Farizo, que en noviembre pasado lo había solicitado al sentirse perturbada en su independencia judicial por los comentarios aquí vertidos acerca de una providencia relacionada con el caso Willy García.

Su señoría se quejó de la dura crítica que hicimos y el gabinete de prensa del CGPJ emitió una nota que todos los medios reprodujeron anunciando su iniciativa. Nosotros también la publicamos, faltaría más.

Pero resulta que la resolución contraria a las pretensiones de la jueza no mereció la misma consideración de nota de prensa del órgano de gobierno de los jueces, que ni siquiera la ha comunicado a estas alturas al periodista afectado. Cosas de la transparencia unidireccional.

El caso es que fuimos nosotros los que este mismo jueves descubrimos en las actas de la comisión permanente del CGPJ esa denegación de amparo, lo que nos condujo a solicitar explicaciones por ese silencio a los responsables de prensa de aquel órgano.

 La solución que nos han ofrecido no es en absoluto satisfactoria: publicar una nota de prensa en la web del Consejo pero con fecha 21 de enero, es decir, en la hemeroteca, sin enviarla a todos los medios de comunicación como sí se hizo en noviembre ante la iniciativa de la jueza afectada. Una injusticia clamorosa que no admite recurso.