Deprisa, como si el mundo se fuera a acabar mañana, el Gobierno de Mariano Rajoy se apresura a tomar todas las medidas que la crisis teóricamente le ampara, mayormente las que en cualquier otra circunstancia no se las hubieran excusado ni sus más conspicuos votantes. Han sido ochenta días verdaderamente demoledores para los derechos laborales, par el estado del bienestar, para el bolsillo de las clases medias, para los estudiantes de Valencia, para los sindicatos, para los parados? Y han sido ochenta días especialmente humillantes para los canarios, muchos de los cuales quisieron ver en la designación de un ministro isleño una ventaja en tiempos de tantas tribulaciones. La decisión del viernes de autorizar a Repsol a hacer catas en las cuadrículas petrolíferas cercanas a Canarias, es decir, a perforar para confirmar si allí hay hidrocarburos, es grave por el fondo y por las formas y no ha hecho otra cosa que confirmar el tamaño de la ruptura institucional entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España. La decisión dividirá de manera dramática a la sociedad canaria por la mezcla perversa entre negocios, intereses políticos, posicionamientos mediáticos y crisis económica que componen el conflicto petrolero, todo ello con una variable, la ambiental, que vuelve a ser el machango que cada cual agitará como mejor le convenga pero que, al final, como siempre, será la que salga más perjudicada.