Torre Castellano

¿Quién dijo que agosto era aburrido a efectos informativos? Desde luego este que vivimos en 2014 no tiene nada de improductivo, ni de aburrido ni de informativamente vacuo. Y no lo decimos solamente por la reiterada noticia de que todo un ministro de Turismo del Reino de España elija para sus vacaciones estivales un hotel declarado ilegal, para más inri en una de las islas donde más contestación tiene gracias a sus revolcones con la petrolera Repsol. Otros acontecimientos están confluyendo este caluroso mes para hacer que los periodistas no nos podamos tomar un respiro. Ahí tienen, si no, todas las secuelas del frustrado BIC del Oasis de Maspalomas, rechazado ya con todos los honores, vía BOC, por el Gobierno de Canarias. Una secuela que –lo confesamos- habíamos dejado erróneamente hibernada hasta el 15 de octubre, fecha en la que en teoría ese mismo Gobierno habrá de presentar su propuesta de ordenación de esa delicada y controvertida pieza de suelo con la que la naturaleza quiso rematar las dunas y la charca de Maspalomas, y donde Colón hizo escala en su cuarto viaje a las Américas. Las noticias que corren, de momento de manera oficiosa, colocan de nuevo a la empresa pública Gesplan en el ojo del huracán por el empeño de su gerente, Rafael Castellano, en buscar compensaciones imposibles (y todavía no pedidas) para la mallorquina Riu, la provisionalmente gran derrotada del pulso que ella misma echó a las instituciones canarias. Porque considerar una victoria, como ha hecho, el rechazo al BIC es olvidar que 1) el Cabildo es una institución de la Comunidad Autónoma de Canarias, y 2) que prevaricaría el Gobierno si, rechazando la figura proteccionista sobre el enclave que le venía propuesta, se inventara una salida que no satisfaga al menos su filosofía básica, la sentencia que impone la existencia de una zona verde pública en su interior y los básicos valores ambientales a proteger, según su propio anuncio del viernes pasado. Por no entrar a valorar aún las acciones penales que anuncia el Cabildo grancanario por ese extraño juego de prestidigitación consistente en convertir en vinculantes los acuerdos del Consejo de Patrimonio Histórico sólo cuando son favorables a las tesis gubernamentales. ¿Verdad que está entretenida la cosa?

La torre Rafael Castellano

Parece como si el gerente de Gesplan, el polifacético y controvertido Rafael Castellano, quisiera pasar a la posteridad imprimiendo un toque personal a la solución que se diseñe para el Oasis de Maspalomas. Quiere plantar allí, contra viento y marea, una torre de al menos doce pisos, un edificio emblemático al modo que los mediocres hacen como quien planta un pino, dicho sea con perdón por lo escatológico. Circula estos días de mano en mano por entre los despachos de los interesados una propuesta de Gesplan según la cual los aprovechamientos urbanísticos a los que se ha hecho acreedora Riu (por las buenas o por las bravas) se compensarían con una torre inmensa entre el hotel Residencia y la Charca de Maspalomas. Un disparate que viene a coincidir con la que ya formuló al principio de la polémica para levantarla junto al Faro de Maspalomas, en la esquina suroeste del palmeral, y que alguien le quitó de la cabeza con la misma rapidez que esperamos que se la quiten en este segundo intento. Porque ya nos dirán qué mierda de solución sería preservar el palmeral y todo el conjunto del Oasis plantando un edificio tipo hotel Don Juan a muy pocos metros donde ¡en 1989! el Gobierno de Canarias logró demoler (también con compensaciones urbanísticas al propietario) el hotel Dunas. Por cierto, un propietario, Theo Gerlach, que viene siendo el mismo del hotel Residencia y al que se le tienen que haber puesto los ojos como platos al enterarse de tan estrambótica ocurrencia. Porque lo de la torre tiene todos los números para ser descartada: rompe la línea visual con la dunas; quiebra el principio de visibilidad del que goza el faro, cuyas dimensiones sobrepasaría; perjudicaría notablemente el equilibrio natural de la charca y del movimiento dunar, y sobre todo, manda a hacer puñetas la letra y la música de lo que se escuchó de boca del portavoz del Gobierno y de su consejero de Política Territorial cuando anunciaron al mundo que este Gobierno iba a recuperar el Oasis de Maspalomas para su disfrute público y en honor de sus valores ambientales. Parece mentira que tengamos que explicar esto, tan asumido por casi todos (excluimos a Riu y a Mañaricúa, of course).

Tras la suspensión, la ordenación

Es el momento (una vez más) de negociar. Riu debe rebajar de inmediato sus pretensiones y su altanería y aceptar que, con la ley en la mano, las instituciones canarias pueden imponer el interés común sin dañar en absoluto el que haya de tener la cadena mallorquina. Que lo tiene, sin duda. Pero sería bueno que a partir de ahora se pongan sobre la mesa todos esos intereses y se conjuguen de la mejor manera. Y no sólo los que puedan existir sobre la zona. Riu, sin ir más lejos, tiene muchos intereses en Canarias, y muchos de ellos en manos del mismo Gobierno que ha de reordenar la zona. Por ejemplo en las grandes playas de Corralejo, o sin irse muy lejos, en la famosa parcela 71, donde en su día plantó el hotel Riu Palace Maspalomas, asentado sobre la zona norte de las dunas gracias a la manga ancha de un inolvidable alcalde llamado Paco Araña. En estos momentos, la cadena incumple el convenio que le permitió aquel disparate urbanístico porque en él se incluía la obligatoriedad de instalar allí un centro de interpretación de las dunas que pasado el tiempo se volatilizó. Quizás sería una buena idea que ahora ceda parte del viejo hotel Maspalomas Oasis, ese que ella misma ha catalogado en ruina arquitectónica, para montar esa dotación pública. Ahora es el momento, decíamos, de negociarlo todo y de reordenarlo todo, aprovechando la suspensión de las determinaciones del planeamiento de San Bartolomé de Tirajana en esa zona y –tenemos que insistir- en la filosofía que inspiró el acuerdo del Gobierno de la semana pasada. Pero la torre es innegociable, que la levanten en otra zona de la urbanización turística, que suelo y calificación hay de sobra. Y todo esto, el mismo día en que conocemos que la Junta de Andalucía ha tirado por el camino de en medio, y en un golpe de gracia a la especulación y en defensa del medio ambiente, ha anunciado que compra el hotel El Algarrobico, declarado ilegal por la justicia, para demolerlo manu militari. No queremos hacer extrapolaciones, pero es bueno recordar a qué intereses han de atender las administraciones públicas.

La amenaza de los puestos de trabajo

Como ocurriera a finales delos setenta, cuando la familia del Conde de la Vega Grande logró movilizar a la sociedad grancanaria para salvar su hotel en el Oasis de Maspalomas, los mallorquines vuelven a poner sobre la mesa de la inevitable negociación los más de dos centenares de puestos de trabajo que mantiene en el establecimiento. Un chantaje que no se sostiene si se tiene en cuenta que esos empleos pueden trasladarse a otro establecimiento futuro fruto de la compensación que se obtenga. No vale ni ese chantaje ni el anuncio de llevarse a otra parte la inversión porque el principal socio de Riu, el poderoso turoperador Tui, ya ha confesado a las autoridades canarias que le interesa mucho este destino ante su alta demanda y a los cálculos de que los conflictos del norte de África se alargarán al menos cinco o seis años más. De hecho, Riu ha ampliado dos de sus hoteles en Meloneras acogiéndose de una manera muy sibilina a la ley canaria de rehabilitación: más camas a cambio de pasar de cuatro a cinco estrellas. La manga ancha le ha permitido, por cierto, sacrificar zonas comunes y crecer un 25% en edificabilidad, lo que desde luego demuestra cuáles son los estándares que maneja y que iban a imponerse en el palmeral. Ya veremos lo que tarda en volver a las cuatro estrellas para aplicar su producto favorito, el dañino todo incluido. Es lo que ha hecho en el viejo Maspalomas Oasis, que primero declaró en ruina para que le permitieran derruirlo y hacer uno nuevo, y luego reabrió con una estrella menos y con ese régimen de todo incluido que tanto perjudica a los empresarios locales de la hostelería y el ocio.

Emalsa, como un boomerang

Se veía venir porque el que juega con fuego se arriesga a quemarse. El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, arriesgó más de la cuenta en su cruzada contra la compañía mixta Emalsa, cuya histórica trayectoria está plagada de irregularidades y algún que otro pufo. En su huida hacia adelante olvidó premisas incontestables. La primera, que él preside el consejo de administración de la compañía y que las competencias sobre el servicio público del agua son del mismo ayuntamiento del que es alcalde. Olvidó también que las irregularidades (o presuntos delitos) que denunció no han de residenciarse exclusivamente en los socios privados, y que si nadie los había detectado o denunciado en su momento, la salpicadura puede ser colosal. Ahí tienen la primera muestra de las consecuencias que acarrean esos principios irrenunciables: una querella de la Fiscalía por los vertidos de aguas residuales al mar. Los lleva a cabo Emalsa, donde el Ayuntamiento tiene tan solo el 34% del capital, pero la acción penal no la ha dirigido el Ministerio Público contra esa compañía, sino contra el concejal de Aguas, que es más que probable que en su primera comparecencia ante el juez Tomás Martín dispare contra la concesionaria por ser la autora material del envío del agua sin tratar al litoral de la ciudad. Pero la responsabilidad in vigilando corresponde a la autoridad, que inveteradamente ha dimitido de sus responsabilidades. Veremos cómo avanza este caso y en qué acaba el de los delitos societarios, que también tiene su tela marinera.