Son absolutamente respetables las opiniones que defienden la explotación petrolífera de esos yacimientos presuntamente tan ricos y tan cercanos a Canarias. Pero quizás habrían conseguido un mejor posicionamiento en el debate si hubieran concretado al máximo los aspectos económicos que con tanta determinación defienden. Por ejemplo, puestos de trabajo a crear, porque ya han quedado descartados por imposibles los 52.000 y los 5.000 que la prensa impresa anunció el mismo día. En el mejor de los casos, la cifra de empleos a crear se sitúa en torno a los 300, a no ser que los astilleros canarios reciban el encargo de fabricar los barcos especializados que las petroleras alquilan para estos menesteres. O sea, otro suponer. En esta misma línea de volatilización informativa podemos situar las dudas sobre el mecanismo por el que Canarias podría acceder a una parte de la tarta de los beneficios fiscales posibles, que quedan sin cuantificar de un modo certero. Frente a tanta inconcreción, las consecuencias de accidentes de mayor o menor cuantía producto de explotaciones petrolíferas marítimas están perfectamente documentadas en el mundo. Y las cartas de los operadores turísticos de los países que más clientes aportan a Canarias desde hace decenas de años.