Para vestir una absoluta negligencia y pagar los favores que algún día se terminarán descubriendo, la actual mayoría de gobierno, con el concejal Ángel Sabroso de impoluto responsable de la cosa, despeja a córner la pelota culpando de la situación a la ley autonómica, que efectivamente no es la panacea, pero que admite enmiendas en cada reglamento, siempre que por parte de la autoridad municipal correspondiente impere la responsabilidad y la decencia. Sabroso se ha tenido que comer sus excusas ante la constatación de que, con la misma ley autonómica, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha sido capaz de revocar licencias de taxis por la comisión de faltas graves de sus titulares, del mismo modo que con la misma regulación autonómica se dispone a reducir el número de licencias hasta en 32 para adecuar la oferta a la demanda. Desde Las Palmas de Gran Canaria, Sabroso se ha dedicado (y así lo hizo en el último pleno) a abdicar de la autonomía municipal y de las potestades que la ley le otorga para regular un sector estratégico del municipio. Si fueran ciertos sus lamentos (que no lo son) bien haría en criticar a la Comunidad Autónoma por no dejarle hacer, como protestan en otras cuestiones. Las competencias que, sin embargo, sí ejerce Sabroso y su Policía Local son las de perseguir a los taxistas que están en el bando de los que denuncian las tropelías. Los episodios de clarísimo atropello a la presidenta de la Asociación de Asalariados del Taxi tienen todo el olor, el color y el sabor de ser claras represalias por ofrecerse a contar casos de abusos a trabajadores e incumplimientos de la Ley y sus reglamentos. Los intentos por involucrar a esa profesional en una supuesta operación de búsqueda de drogas no han tenido ni siquiera un mísero atestado policial en que sustentarse. Seguimos a la espera de una versión creíble de la Policía Local, algunos de cuyos miembros tienen una estrechísima vinculación con la cáscara más podrida del sector del taxi.