El anuncio de Paulino Rivero de la modificación legal para detener los desahucios graves en Canarias hay que ponerlo en relación con su diatriba con el portavoz del PP en el debate del Estado de la Nacionalidad cuando, sin que nadie se lo esperara, lo acusó de ser de derechas. Es más que probable que a Asier Antona aquel piropo le llenara de orgullo y satisfacción, pero para algunos que nos quedamos asombrados nos sirvió como punto de confirmación de que algo debe estar influyendo la provisional estancia del Partido Socialista en el Gobierno canario. Y decimos provisional no porque veamos flaquear el pacto antes del que podríamos calificar de semestre fatídico, el que se extiende justo antes de cada proceso electoral autonómico, sino porque lo natural es que el Gobierno de Canarias sea de derechas. La tradición así lo ha venido marcando hasta ahora, al menos los penúltimos dieciséis años, es decir, hasta 2010. En ese contexto natural de un pacto CC-PP, la modificación legal anti-desahucios anunciada ayer por Rivero sería del todo imposible, no ya porque su socio la tacharía de comunista, sino porque los acuerdos con Rajoy conducirían a Canarias por una senda bien distinta de la que ahora transita. Tocar a la banca con el PP de socio es una quimera, y tras el blindaje al sistema que nos ha conducido a esta situación, todo el que se revuelca con ese partido termina gobernando por sendas bien distintas. Verbigracia, Canarias. Si el PP fuera el socio de CC en estos momentos la cosa estaría mucho peor, que ya es decir. Habría habido despidos masivos en la función pública, no tengan dudas, y varios miles de maestros menos, con un grave deterioro para la educación pública. No se abrirían los comedores escolares en verano para esa doble función social y de refuerzo de idiomas que se programa, iniciativa denigrada por el PP de manera absolutamente infame; ni se habría podido diseñar un nuevo mapa de especialidades de Formación Profesional como el que se ha presentado estos días. Ni se habría reducido el abandono escolar, ni estaríamos asistiendo a ese novedoso modelo de construcción de nuevas escuelas públicas por la modalidad de que las financien las constructoras a cambio de hacerse cargo de la explotación de sus servicios no docentes. Con el PP en el poder es más que probable que estos cursos docentes no se hubieran desarrollado con la menor conflictividad de la historia de la autonomía y que el grado de compenetración entre la comunidad educativa y la consejería sea algo más que aceptable. La sanidad, no lo duden, estaría aún peor porque estaría, si no privatizada, sí camino de su privatización, como mandan los cánones de FAES. Porque es de tondos, que diría el diputado Fernández, creerse que el PP busca algo distinto que desmantelar lo público y el estado del bienestar. Y es de tondos, con perdón, decir que todos los gobiernos son iguales. Algunos lo hacen peor que otros.