La fiscal anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez, ya puede respirar tranquila. Había caído en desgracia en determinados sectores de la sociedad tinerfeña por su peligroso atrevimiento de investigar a varios prebostes como Ignacio González Martín, Antonio Placencia o el mismísimo Miguel Zerolo. Aquella investigación de Las Teresitas le granjeó muchísimas críticas, unas más excesivas que otras, críticas que se aliviaron ligeramente cuando decidió decirle a la juez instructora, Carla Bellini, que lo mejor era retirarle a los encartados por el “pelotazo de libro” la imputación de cohecho ante la imposibilidad, a su juicio, de poder probar que el injustificado enriquecimiento de algunos de ellos procediera de cobros de comisiones. Pero si la fiscal Martínez había mejorado su consideración ante la sociedad tinerfeña, su decisión de hacer suya la denuncia del dueño del periódico El Día contra la mesa de contratación del concurso de las frecuencias de radio la puede convertir en breve en hija predilecta de Tenerife. En una decisión sorprendente, la fiscal ha tramitado ante los juzgados de Santa Cruz una querella para que se impute a las personas que analizaron las 800 ofertas y adjudicaron las 155 emisoras de radio por un presunto delito de tráfico de influencias. Dice María Farnés Martínez que beneficiaron a algunos concursantes al cambiar las bases del concurso una vez convocado. Veamos, porque nos tememos que la señora fiscal se está equivocando estrepitosamente.