Hace unos días les hablamos en esta misma sección de la pléyade de concejales de Urbanismo que transitaron por las oficinas municipales de Santa Brígida durante estos últimos mandatos del Partido Popular. Ninguno de ellos recordó esta misma semana ante un tribunal penal el conflicto de una urbanización, Los Laureles, también ilegal y para la cual llegaron a otorgar licencia de obra para la construcción de chalets. Más de media docena de vecinos reclaman ahora que alguien les devuelva sus inversiones, seguramente los ahorros de su vida. Todos esos concejales, todos los alcaldes vivos que han mandado en Santa Brígida, tienen alguna responsabilidad sobre unas Normas Subsidiarias ilegales desde su aprobación en 1990, una nulidad que ha terminado por contaminar el Plan Parcial sobre el que se asienta el SAU que teóricamente desarrollaba el casco urbano de la villa y hasta autorizaba la instalación de Mercadona. Claro que ahora dirán que no recuerdan nada. Como harán los técnicos municipales que han avalado con su firma los informes que condujeron a alcaldes y concejales a sacar pecho y tirar hacia adelante a pesar de otras advertencias externas, unas de la Cotmac, otras de abogados, otras de concejales de la oposición. Tendrán que pagar todos ellos con su patrimonio si el abogado que ha recurrido el planeamiento municipal satauteño continúa adelante y hace valer esa exigencia personal a los que, a sabiendas, actúan como han actuado estos irresponsables. No olviden que este mismo abogado ha obligado a Lucas Bravo de Laguna y a otros tres concejales del grupo de gobierno a devolver a las arcas municipales las minutas de abogados que pagaron con dinero público para una demanda de protección al honor contra la ex concejala Victoria Casas.