Rita, prescrita

Cinco años después, sin posibilidad de judicialización. La Audiencia de Cuentas de Canarias acaba de entregar al Parlamento el informe de fiscalización de la gestión de la Consejería de Turismo durante la legislatura 2007-2011, ocupada durante los primeros tres años por la consejera más apoteósica y dicharachera de cuantas han pasado por ese departamento, Rita Martín. Su partido, el PP, la puso al frente del departamento más importante del Gobierno en reconocimiento a los abundantes méritos profesionales contraídos como auxiliar en el Patronato de Turismo de Lanzarote, lo que ella agradeció con sobradas muestras de entrega y obediencia durante el tiempo que desempeñó el cargo. Lo abandonó, bueno es recordarlo, en octubre de 2010 al decidir Paulino Rivero romper sus relaciones con José Manuel Soria y destituir a todos los consejeros populares, empezando por el vicepresidente y titular de Economía y Hacienda, el individuo en cuestión. Pero a lo que íbamos: cinco años después de haberse marchado, la Audiencia de Cuentas formaliza su informe de fiscalización de la empresa pública Promotur en el que, como era de esperar, aparecen cifras de vértigo correspondientes a ejercicios económicos en los que, pese al estallido de la crisis, seguíamos manteniendo en manos de una irresponsable un presupuesto multimillonario para promoción turística. El promedio del periodo superó los 24 millones de euros anuales, casi cinco veces más de los que va a tener esa misma consejería para el año 2016. Las hemerotecas están plagadas de numerosos ejemplos de la negligencia con la que se administraron esos fondos y los disparates promocionales que se ejecutaron en aquel inolvidable periodo. Sin embargo, dada la metodología que se aplican en estas auditorías, la Audiencia de Cuentas no entra a valorar la eficiencia inversora sino la pulcritud contable, lo que deja fuera muchísimas cosas relatadas en este mismo periódico.

Un contrato fraccionado

El órgano auditor canario sólo detecta en las cuentas de Promotur (Consejería de Turismo) en el periodo 2007-2011 una irregularidad grave: el fraccionamiento de un contrato con la Universidad Complutense de Madrid para saltarse un concurso público a través del cual adjudicar lo que venía a ser un asesoramiento par evaluar las ofertas presentadas para las campañas de promoción europeas. En total siete contratos de 18.000 euros cada uno que sumaron 126.000 euros, 144.000 con impuestos, para que el mismo equipo asesor valorara los contratos que a su vez se suscribían con agencias de publicidad y centrales de compra. La irregularidad detectada ahora se corresponde con el año 2009, es decir, hace seis añitos, lo suficiente como para que nadie pierda el tiempo acudiendo al juzgado de guardia. Un retraso de estas dimensiones, conocido por la clase política experta en fraccionamiento de contratos y otras exuberancias contables, alimenta la impunidad y nos deja a todos con las ganas de ver cumplido algún día el sueño de que los salteadores de caminos paguen sus culpas. Rita Martín gestionó de manera estúpida la Consejería de Turismo y la empresa pública Promotur, instrumento del que se valió tanto ella como el PP para comprar favores con dinero público. Fue premiada por su partido designándola candidata a la alcaldía de Teguise en 2011 con un estrepitoso fracaso. Tras convertirse al nacionalismo, se hizo del Centro Canario Nacionalista para recalar a continuación en Nueva Canarias sin necesidad ningunita.

182.000 euros por un reportaje en ‘Época’

No nos cansaremos de contarlo porque dado que la Audiencia de Cuentas no funciona y los tribunales y la fiscalía no actúan nunca de oficio, al menos que nos quede el consuelo de ponerlos colorados. Sí, podemos sostener que con dinero presupuestado para la promoción turística de Canarias se pagaron favores y se compraron voluntades durante el tiempo en el que el PP gestionó la Consejería de Turismo. El ejemplo más indiscutible fue la adjudicación de 182.828 millones de euros que Rita Martín destinó al Grupo Intereconomía para pagarle un sentido reportaje titulado “Un GAL sin muertos en Canarias”, en el que se relataba una supuesta conspiración del PSOE junto a periodistas y un medio de comunicación (este) para dañar la imagen del Partido Popular con asuntos como el caso Europa. Para regalarle ese dinero a la cadena ultraderechista, la gente de Promotur no se cortó un pelo: sacaron un concurso tan a la medida que daba hasta bochorno leer su enunciado: “Campaña de comunicación en una cadena de televisión con contenidos económicos con cobertura en la Península y Baleares”. Con la campaña ya adjudicada lo publicamos y aquello motivó un cambio de criterio inmediato en Promotur: volvieron a sacar el concurso y, por la modalidad de invitación, se lo adjudicaron a una agencia que se prestó a actuar de pantalla: Mindshare Spain SAU. Fueron métodos muy habituales durante los años en los que el PP habitó en el Gobierno de Canarias, haciendo y deshaciendo a su antojo con dinero público. Las partidas destinadas a publicidad y promoción fueron, como es norma, las más socorridas para estos enjuagues.

El PP se marcha con un favorcete a Ence

La compañía gallega Ence, la que pretendía montar una incineradora de biomasa en La Isleta, se ha marchado de Canarias –de momento- con el viento fresco, y por ahora sin contaminar, que aportan los alisios. Pero para muchos seguirá siendo objeto de seguimiento tras descubrir su absoluta falta de escrúpulos y su desprecio por la salud, la vida y la hacienda de las personas que habitan los territorios que quiere colonizar. Ese seguimiento nos conduce hoy hasta la ría de Pontevedra, conde Ence explota desde 1963 una fábrica de celulosa que provoca profundos daños ambientales y perjuicios a la salud y la economía de los habitantes de la zona. Ence vierte cada día a la ría 14.443 kilos de residuos contaminantes, y en alguna ocasión sus directivos han sido condenados por superar los límites permitidos. La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo había condenado a esa factoría a cesar en su actividad en 2018, pero un oportuno cambio de la Ley de Costas por parte del PP en 2013, le permitió salvarse. Ahora, estando en funciones, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente acaba de prorrogarle los permisos hasta el año 2073 (sesenta años más) arguyendo que se garantizan 800 puestos de trabajo y la empresa se compromete a hacer cuantiosas inversiones para aminorar la grave contaminación que provoca. En el consejo de administración de la compañía se sienta una ex ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, además de otro ex ministro popular, Fernando Abril-Martorell. Canarias les ha dado la espantada a todos ellos, de momento.