El código ético de CC se perdió a medio corredor

Códigos éticos firmados en esta democracia tan tierna hay a porrillo. ¿Se acuerdan del dedicado especialmente al transfuguismo? Hay de distintas modalidades e intensidades, y si usted no encuentra el que más le agrade, ya saldrá por ahí un Groucho que lo adapta a lo que precise. Con el descontento popular y la irrupción de Podemos, los partidos tradicionales decidieron ponerse serios y, al grito de regeneración o muerte, imponerse una serie de comportamientos éticos de mínimos a partir de los cuáles el que se saliera del campo penaría con la expulsión eterna. Al menos de ese partido en cuestión, que ya se sabe que los hay luego expertos en recoger despojos. Tanto el PP como el PSOE sacaron a relucir sus códigos éticos, que en el caso de los populares no resisten la prueba del nueve de eficacia. Si para expulsar a un dirigente basta con la apertura de juicio oral por casos flagrantes de corrupción, ahí tienen ustedes, por ejemplo, a la alcaldesa de Telde coleccionando acusaciones sin que nadie (ni siquiera la Audiencia Provincial) le tosa. En el PSOE también andan bastante ajetreados para poner una barrera entre lo que podría considerarse una imputación de rango menor y un escándalo de imputación, pero los socialistas imponen como límite la tan mentada apertura de juicio oral para mandar al afectado a galeras. Ese hito, ese fielato insuperable decían que iba a figurar en el código ético de Coalición Canaria, en el que trabajaban afanosamente unos cuantos mandos intermedios de la organización hasta que estalló el caso Corredor y Fernando Clavijo, el candidato de la casa, se veía implicado en él. Desde ese momento no se ha vuelto a saber nada de esas normas básicas, si se va a rebajar, a endurecer o sencillamente a meter en un cajón a la espera de que escampe. Sí sabemos por declaraciones de Ana Oramas y del propio Clavijo, que su candidatura se mantendrá en pie aunque se le mantenga imputado y, en el peor de los casos, se le abra juicio oral por los delitos que le investiga el juez César Romero Pamparacuatro. Pero una cosa es que lo diga el equipo médico habitual y otra bien distinta que lo diga –o no lo diga- un código ético prometido a la ciudadanía.

Nuevos topes a la corrupción

Lo peor del non nato código ético de Coalición Canaria es que algunos concejales de determinados municipios (fundamentalmente de Tenerife) fueron apartados de la carrera electoral cuando se daba por hecho que una imputación compleja con apertura de juicio oral los obligaría a renunciar. Quizás se precipitaron creyendo que, efectivamente, la cosa iba en serio. Ni a ellos ni a Ruano ni a Barragán ni a nadie se la pasaba por la cabeza que iban a tener que ejemplificar pero en sentido inverso: chicos, todo vale si no se mete la mano en la lata del gofio, viene a ser el adagio más repetido estos días en CC. Es decir, mientras no te enriquezcas, no enriquezcas a algún ser querido o financies al partido, tu imputación es una mierda y puedes seguir adelante. Con un planteamiento de este tipo ya se podrán imaginar la caja de los truenos que se abre: cualquier delito relacionado con la prevaricación urbanística o administrativa en la que se ponga en riesgo el interés general; cualquier tráfico de influencias en el que se vulnere la igualdad de todos los ciudadanos; cualquier malversación de fondos públicos, esto es, destinar a un fin distinto al original los dineros presupuestados; cualquier desviación de poder (usar la ley o las normas para fines distintos a los establecidos), incluso las negligencias que pudieran ocasionar lesiones (o la muerte) a personas por mal mantenimiento de servicios públicos, no tendrían para Coalición Canaria la entidad suficiente para que un cargo público fuera apartado de su cargo y expulsado del partido. Ni siquiera con la apertura de juicio oral. Está bien la cosa.

“Nos quedamos sin candidatos”

Sí, resulta tragicómico. Coalición Canaria está cambiando sus propias reglas de juego internas a mitad del partido para acomodarlas a sus nuevas circunstancias, sin detenerse a pensar en las consecuencias en cascada que se pueden producir. Pongamos algún ejemplo. La alcaldesa de La Guancha, Elena Luis, imputada en dos sumarios distintos por prevaricación. En uno de los casos, por mirar para otro lado cuando su primer teniente de alcalde ejecutaba unas obras sin licencia adecuada en un inmueble protegido. La otra, mira tú qué cosas, por asfaltarle con medios públicos y en suelo de protección agraria, la carretera de acceso a una vivienda particular para solucionar un conflicto familiar entre la madre de otra teniente de alcalde y la suegra del portavoz del PP, a su vez hermana de la primera. Sí, ya, un lío, pero ésa es otra historia. El caso es que en ambas imputaciones nos encontramos con que la señora alcaldesa no ha metido la mano en la talega del gofio, pero resulta que con sus actuaciones ha enriquecido a su primer teniente de alcalde, que vio mejorar el valor de su inmueble con las obras realizadas, y a la señora a la que le regaló un asfaltado con dinero público que de otra manera hubiera tenido que pagarse ella. Es decir, que hay maneras y maneras de robar, apropiarse, sisar, desviar o meter la mano en la lata del gofio, y para todas ellas no es preciso ponerse antifaz ni guantes. Pues bien, la señora Luis es la más ardiente defensora de que su partido rebaje las exigencias de su código ético, seguramente porque la primera que pasaría por las horcas caudinas de la ética. Para reforzar sus tesis argumentan que de aplicarse estrictamente la expulsión en caso de apertura de juicio oral o de imputación grave, “nos quedaríamos sin candidatos”, una frase incompleta, si se nos permite, que quedaría mejor si fuera así: “Nos quedaríamos sin candidatos sospechosos, investigados o incluso corruptos”. Hay que ver todas las filigranas que está teniendo que hacer este partido para salvar a su candidato Clavijo. Todo apunta a que este sábado se abordará este delicado asunto del Código Ético en el Consejo Político Nacional de CC.

Retardo malicioso, pero ¿de quién?

Vaya, vaya, así que un funcionario de refuerzo para el Juzgado de Instrucción número 1 de La Laguna. Qué buena noticia, ¿verdad? La Administración canaria reaccionó y, ante el tapón que ha sufrido ese juzgado por el caso Corredor le ha asignado a un auxiliar de tramitación que, junto al refuerzo de una juez mandada por el Ministerio de Justicia, dejarán esa oficina judicial como los chorros del oro. Pero hay trampa, así que atentos. Los dos refuerzos, mira tú qué cosas, se producen cuando está a punto de abrírsele al juez titular de ese juzgado, César Romero Pamparacuatro, diligencias previas por la querella por retardo malicioso interpuesta por uno de los imputados en esa causa, el inconmensurable Evaristo González. De darse trámite a esa querella, Pamparacuatro habrá de abstenerse en favor del juzgado de Instrucción 3 de La Laguna, con lo que ya nos contarán qué le van a dejar a la jueza de refuerzo en un juzgado que, de no ser por Corredor, estaría en el Top Ten de los más actualizados de España. Esa jueza de refuerzo fue acordada el pasado 9 de enero por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que atendía de este modo las especiales circunstancias de ese juzgado, sobrecargado por una causa con casi 50 imputados y toneladas de papel que, por fortuna, ya está casi todo escaneado (que ésa es otra). Obsérvese en qué corto espacio de tiempo se dota a un juzgado con una juez cuando se quiere: cuestión de días. ¿Y el funcionario de auxilio? ¿Cuándo fue acordada su necesidad por el mismo órgano, la Sala de Gobierno del TSJC? Pues miren qué cosas, el 25 de noviembre de 2013, es decir, hace catorce meses. Por aquellas calendas, el juez Pamparacuatro todavía clamaba día tras día ante las autoridades autonómicas y ante la Sala de Gobierno para que le dotaran de un escáner y le reforzaran su juzgado. El desprecio fue la respuesta, y de ahí aquel famoso auto de noviembre pasado en el que relata los trámites infructuosos que tuvo que realizar y que, a su entender, retrasaron el alzamiento del sumario.

Si no hacía falta, ¿para qué lo ponen ahora?

Así las cosas, las preguntas son ineludibles. Si en noviembre de 2013 el acuerdo de la Sala de Gobierno del TSJC de dotar de un auxilio judicial al juzgado se lo pasó por el arco del triunfo la Consejería de Presidencia y Justicia alegando que no era necesario, ¿por qué lo pone ahora? ¿Es porque hay un imputado de postín en la causa? Porque si es necesario ahora que la causa se ha destupido, más lo era en 2012 y 2013, cuando el Gobierno hacía oídos sordos a las reclamaciones del juez y su secretaria judicial. Nos encontramos, pues, ente un retardo malicioso, pero no parece que del juez, sino de la administración autonómica que no dotó de medios cuando debía, a pesar de saberlo, y sí cuando tocan a rebato vaya usted a saber por qué muerto. En su comunicado de este martes, la consejería de Paco Spínola se sacude las sospechas de esta solemne manera: “Desde la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia se vienen atendiendo las peticiones de medios extraordinarios que llegan desde los órganos judiciales debidamente justificados”, lo que da a entender que hace dos años no reunían esa cualidad las peticiones del mismo juzgado, pese a venir avaladas por la Sala de Gobierno. Otro que barruntamos va a tener que deponer como testigo.