Pero conocida la sentencia del Supremo y a la espera de cómo enmiende la plana el TSJC, los resultados de aquella operación del canódromo están ahí y amenazan con eternizarse. La nueva resolución judicial, es cierto, deja la puerta abierta a una legalización de la operación por la vía de entender que lo que es una laguna administrativa puede subsanarse, pero en ningún caso una sentencia judicial de la jurisdicción que sea puede hacer desaparecer el regusto a pelotazo, a urbanismo devastador y mal entendido, que ha dejado a los ciudadanos de la capital grancanaria esta funesta operación. Recordemos: un avispado empresario con tan solo una opción de compra consigue arrancarle al Ayuntamiento un convenio urbanístico por el que, a cambio de la cesión de un suelo para parque público, obtiene una recalificación urbanística de oro para ganarse, sin mover un ladrillo, nueve millones de euros. Para el Ayuntamiento tragarse ese pase, incluye en el convenio una sobrevaloración de la cesión tan generosamente realizada al consistorio, de modo que ante la opinión pública aquello pudiera presentarse como un beneficio del carajo a la colectividad. Pero como ocurrió con la segunda privatización de Emalsa, con La Favorita, con Isolux? aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y los únicos que han ganado no han sido los vecinos de la capital, sino cuatro personas mal contadas que se han enriquecido a costa de un nuevo sacrificio del interés general.