No hace falta ser revisionista, o reformista, que es como se dice ahora. Hubiera bastado con que en el momento en que se tomaban decisiones subidos al caballo del señoritingo que recorre el cortijo propio, los responsables (por llamarlos de algún modo) hubieran adoptado una pizca de prevención y sometimiento estricto a la legalidad vigente. Durante mucho tiempo algunos dirigentes políticos canarios han vivido por encima de sus posibilidades legales, y de aquellos excesos, estas sentencias judiciales tan perniciosas para el interés general y para las arcas públicas. Hoy les vamos a acercar dos resoluciones de los tribunales que ya están suponiendo importantes quebraderos de cabeza para los servicios jurídicos y para las oficinas presupuestarias: la sentencia sobre la biblioteca pública del Estado en Las Palmas de Gran Canaria y la del concurso de los informativos de la Televisión Canaria. En ambos casos nos encontramos ante fallos que ponen en evidencia un modo de ejercer el poder absolutamente ajeno a las mínimas previsiones legales que dejan en evidencia a los que toman las decisiones y a los técnicos que las avalan.