Siguiente víctima: el Consejo Consultivo

La primera víctima del proyecto de Ley del Suelo ha sido el PSOE. Sus representantes en el consejo de gobierno, con su vicepresidenta Patricia Hernández al frente, ya quedaron retratados cuando dieron el visto bueno a la tramitación del texto a pesar de la fuerte división interna que presenta el partido sobre la cuestión y la clamorosa falta de una posición clara al respecto, precisamente producto de esa división. Los de Hernández descartaron la muy digna opción de desmarcarse del proyecto sin violentar excesivamente las cuadernas del pacto, de por sí históricamente violentadas por la otra parte contratante, Coalición Canaria: los consejeros socialistas debieron levantarse y ausentarse durante ese debate en aplicación del principio de que esa ley no está en los pactos. Así hizo José Miguel Pérez en la anterior legislatura al abordarse la adjudicación definitiva de las frecuencias de radio, asunto nuevamente de actualidad como consecuencia del goteo de sentencias en contra del baremo aplicado por la mesa de contratación en el momento procesal oportuno. Pérez y los suyos abandonaron la sala de reuniones y el asunto prosperó bajo la única responsabilidad política de Paulino Rivero y los consejeros nacionalistas. Con ese apoyo original del PSOE, la Ley del Suelo de Fernando Clavijo, ya en forma de proyecto de ley, ha pasado al Consejo Consultivo, órgano teóricamente independiente llamado a dictaminar sobre la legalidad y su sujeción a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de las resoluciones que toman las instituciones de la Comunidad Autónoma. Se le supone independiente aunque su historial esté salpicado por nombramientos muy relacionados con la búsqueda de echaderos a algunos altos cargos que un día perdieron el que ostentaban. Lo preside un juez en excedencia, de los que accedieron a esa condición por el cuarto turno (juristas de reconocido/desconocido prestigio), nombrados precisamente por el poder político. Carlos Millán, que así se llama el hombre, accedió al cargo a propuesta de José Manuel Soria pero fue capaz en su día de fintar con la suficiente habilidad como para hacerse paulinista de toda la vida. Ahora intenta la misma pirueta para pasar por ser un convencido clavijista. Y sus primeras acciones lo delatan.

Expediente disciplinario a Ríos Rull

Para que no quedara ninguna duda de la traslación de los deseos gubernamentales hacia el Consejo Consultivo de Canarias y de la suerte que va a correr el dictamen sobre la ley del suelo, baste con recordar que el mismísimo presidente del órgano, Carlos Millán, se ocupó personalmente de abrir expediente disciplinario al letrado (de carrera, por oposición ganada en 1992) Fernando Ríos Rull, ex comisionado para el autogobierno en la etapa de Paulino Rivero y reconocido crítico con diversas posiciones de Fernando Clavijo y su actual equipo. Fernando Ríos se autoexcluyó de Coalición Canaria en cuanto empezó a observar el inquietante andar de la perrita, y tras su paso por la política, se volvió a su plaza en la casa Montañés, de La Laguna. Unas declaraciones suyas contrarias al proyecto de Ley del Suelo y su firma en el manifiesto “Canarias no es un solar” le han valido que el Consejo Consultivo le haya abierto un expediente –al parecer disciplinario- como reacción automática a la petición pública en igual sentido formulada por el viceconsejero de Presidencia, José Miguel Barragán justo, justito, el mismo día. O sea, que lo que les decía más arriba de la independencia del Consejo Consultivo respecto a los órganos políticos de la nacionalidad vayan poniéndolo en remojo. El expediente a Fernando Ríos no tiene desperdicio, sobre todo si después de conocer sus motivaciones uno se entera de que no existe ningún requerimiento en su reglamento de funcionamiento que lo justifique. A Ríos se le acusa de tres infracciones: “Violación de la neutralidad o la independencia política utilizando las facultades atribuidas para influir en situaciones o decisiones políticas de cualquier naturaleza”; “grave desconsideración hacia los superiores” (sic), y “no guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo, cuando causen perjuicio a la Administración o se utilicen en beneficio propio”. Menos mal, oye, que el Consejo Consultivo es “una institución independiente de los restantes poderes, instituciones y organismos de la Comunidad Autónoma”, porque si no lo fuera, a Ríos ya lo habrían colgado del palo mayor.

Desconsiderado con Clavijo

Tiene mucha guasa que en el expediente abierto a Fernando Ríos se hable de “grave desconsideración hacia los superiores” dado que en ninguna de sus declaraciones públicas ni en el manifiesto “Canarias no es un solar” se hace la más mínima mención a los consejeros del Consultivo ni a los que rigen sus designios. Debemos entender entonces que lo que se le atribuye es una desconsideración hacia el presidente del Gobierno o a su consejera de Política Territorial (o hacia ambos a la vez) por unas manifestaciones puramente políticas –no jurídicas- que desde luego seguro que están amparadas por la libertad de expresión. Sostener, como sostiene el expediente, que Ríos se enteró del contenido de la Ley del Suelo “por razón de su cargo” no merece el más mínimo comentario, entre otras cuestiones porque cuando largó por su boca pafuera y firmó el manifiesto no solo no había entrado al Consejo Consultivo para el correspondiente dictamen, sino que era un texto que luego ha sufrido modificaciones. Pero el colmo de la independencia y la ecuanimidad de tan insigne órgano, llamado a velar por la legalidad y el recto proceder de las instituciones, es que su presidente apele expresamente a eso para atribuirle a Ríos un comportamiento que violaría la neutralidad y la independencia política utilizando “las facultades atribuidas para influir en situaciones o decisiones políticas de cualquier naturaleza”. El presunto infractor jamás ha hecho declaraciones en calidad de letrado del Consejo Consultivo, donde tiene un cometido puramente jurídico, no político (son los consejeros los que son elegidos por designación política), y en todo caso jamás correspondería a él ni a nadie de su rango dictaminar acerca de este proyecto de ley o cualquier otro. Básicamente porque un letrado de un organismo está para elaborar informes jurídicos, estrictamente jurídicos, sin más valoraciones. Todo lo que pudiera salirse de ahí para penetrar en el terreno político, filosófico o musical estaría absolutamente fuera de lugar.

Pendientes de Luis Fajardo

Por encima de los letrados del Consejo Consultivo, efectivamente, están los consejeros, unos señores teóricamente muy doctos (algunos no tanto) que firman dictámenes después de analizar el ordenamiento jurídico y tales y cuales. En el Consejo Consultivo de Canarias hay varios doctores en Derecho (Carlos Millán, Óscar Bosch y Luis Fajardo), licenciados en Derecho mondos y lirondos (Alfredo Belda, Alejandro Brito, Antonio Lazcano) y hasta un letrado en ejercicio con no pocos problemas con la justicia (Augusto Lorenzo). La mayoría de ellos ha tenido cargos políticos y sin embargo nadie parece dudar de su independencia y de su neutralidad a la hora de acometer los informes que les son reclamados. En este sobre la Ley del Suelo ya se empiezan a hacer apuestas sobre la suerte que correrá el proyecto estrella de Fernando Clavijo. A la espera de que se designe ponente, lo que sí parece claro es que la configuración del órgano arrojará un resultado favorable porque los representantes de CC tienen mayoría amplia: Carlos Millán (PP sector CC), Alfredo Belda (eterno diputado, luego senador de CC), Antonio Lazcano (ex jefe de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma siempre con presidentes de CC) y Augusto Lorenzo, ex consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, sí, de Política Territorial, por supuesto con CC. Es un enigma qué hará el consejero por el tercio socialista Óscar Bosch, al que algunas fuentes ya sitúan en la órbita presidencial. En contra se estima que se van a posicionar Alejandro Brito y Luis Fajardo, del que precisamente se espera un voto particular duro y fundado en derecho. Los expertos jurídicos que han analizado en profundidad el proyecto de ley fijan sus ojos especialmente en la desaparición del control previo de legalidad del planeamiento, que pasa a ser potestad exclusiva de las administraciones planificadoras (los ayuntamientos) y la estrambótica figura del proyecto de interés singular, por el que el Gobierno puede plantar donde se le ponga en sus santos cachivaches una inversión aunque el suelo escogido sea rústico de protección, y dos piedras.