De fondo, la sordina que diputados como Manuel Fernández, secretario general del PP canario, quiere poner a la publicación de los sueldos, los bienes y los intereses de los diputados. De los suyos, de sus intereses particulares y empresariales, ya supimos cuando el caso salmón. Mientras su jefe volaba a pescar salmón con el empresario de las 7.000 camas, él defendía como asesor con contrato los intereses del mismo amo. Es el PP de Canarias, S.A., ahora más crecido por el poder absoluto otorgado por los ciudadanos para hacer lo que hay que hacer que ellos saben que hay que hacer. Pero no se vayan a creer que es Fernández el único que frena la llegada de la transparencia a las cuentas del Parlamento. Es natural pensar que a algunas de las señorías que conforman la Mesa de la Cámara, en la que también se encuentra Águeda Montelongo, la agente de viajes del PP nacional, no quieran que se sepa lo que perciben en concepto de dietas. Por ejemplo, que sepamos que cada vez que asisten a una procesión o a un acto fuera de Tenerife o de su circunscripción electoral, cobran entre 80 y 100 euros, lo que sumado al sueldo del diputado de la puritita base, 2.700 euros líquidos, se convierte en un pastón a final de mes.