Les sugerimos que permanezcan atentos a sus pantallas y a lo que puedan estar dilucidando los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de Canarias respecto al aval bancario fallido a la desaparecida empresa Vanyera 3, S.L. El anuncio hecho el viernes por el portavoz del Gobierno de que se acababa de autorizar el pago de 5,2 millones de euros a Caixabank para cubrir el aval otorgado no es una cuestión baladí. Máxime cuando, a continuación y con la boca chica, Martín Marrero deslizó que se estudiaba la posible exigencia de responsabilidades a aquellas personas que pudieran estar relacionadas con ese quebranto a las cuentas públicas en unos momentos tan dramáticos como estos. El responsable máximo de ese quebranto no es otro que José Manuel Soria porque fue él el que, como consejero de Economía y Hacienda, tramitó y firmó el aval de 5,2 millones de euros a la empresa de Ángel Marrero con una serie de condiciones que ni cumplió la Comunidad Autónoma ni cumplió la empresa avalada, según los informes que analizó el pasado viernes el Consejo de Gobierno. De entrada, la Consejería de Economía y Hacienda no inscribió las garantías hipotecarias aportadas por Vanyera en el Registro Mercantil, lo que imposibilitó a la Comunidad Autónoma incluir el aval como crédito preferente en la masa de acreedores del concurso promovido en los juzgados de lo Mercantil. Pero es que tampoco controló el Gobierno el destino que la empresa avalada dio a ese respaldo gubernamental: “aplicar las medidas del plan de restructuración destinado a restablecer la viabilidad a largo plazo de la empresa”, como recoge el decreto de 2008 por el que se otorgaba el aval. Datos que manejan los Servicios Jurídicos apuntan a que parte del préstamo concedido por CajaCanarias (hoy Caixabank) se destinaron a gastos corrientes, lo que contravenía el espíritu del decreto, de la modificación parlamentaria de la Ley de Presupuestos y de las exigencias de la Unión Europea para una operación así.