El puzzle del urbanismo paralelo de Las Palmas de Gran Canaria empieza a encajar sus piezas por medio del pelotazo más sonado de la etapa de gobierno del PP (1995-2007): el Canódromo. Hace dos meses avanzábamos a nuestros lectores una de las claves de cómo el entonces alcalde, José Manuel Soria, permitió una operación que revirtió a un particular, el empresario Eduardo Fernández, nueve millones de euros de beneficio a costa del interés general. La palabra mágica del PP, en La Favorita o en San Rafael (Telde), ha sido siempre la permuta. Y para llevarla a cabo -ceder otros terrenos al propietario del Canódromo a cambio de esa parcela- había que valorar el suelo objeto de deseo por parte del Ayuntamiento. Y ahí empezó todo. O continuó, según se mire: una valoración exagerada de la parcela por parte de funcionarios municipales dio pie al sobrecoste de las compensaciones a entregar al empresario, entre otros terrenos, una esquinita clave del Canódromo, donde levantar las torres más famosas de este siglo, con permiso de Bin Laden.