Y todo porque a la alcaldesa y a sus prodigiosos concejales, seguramente muy bien asesorados por el equipo jurídico del empresario en cuestión, no se les ocurrió mejor cosa que transformar la ejecución de una sentencia en una factura que incluir, por la puerta de atrás, en la relación de pagos del plan de proveedores diseñado por el Ministerio de Hacienda. La ilegalidad es de libro, y si bien los juristas desaconsejan la vía contencioso-administrativa por procelosa, lenta y probablemente controvertida, se inclinan por una acción penal contundente que coloque a la alcaldesa, a Ambrosio Jiménez y a sus correspondientes entornos dando explicaciones en un juzgado de instrucción. Y algunos, aproximándose peligrosamente a los antecedentes penales por su bochornoso comportamiento en la misma ciudad. Si es que no aprenden. La operación ya nació tocada por el tufo de la irregularidad que ha presidido siempre todo lo que pasa por las manos de Guillermo Reyes, número dos en la sombra de la alcaldesa de Telde, Mari Carmen Castellano. Reyes desbarató una operación anterior, bendecida luego por los tribunales, para vender al inquieto empresario de Tejeda la misma parcela por 10 millones. La justicia declaró cochina la operación y ahora toca indemnizar con intereses, total, 13,2 millones. Pero va a ser más. Verán