Primer juicio por el concurso de radios, pero no se entusiasmen

No se entusiasmen las fuerzas vivas damnificadas por el concurso de asignación de frecuencias de radio del Gobierno de Canarias. Hasta ahora, que se sepa, ningún alto cargo gubernamental, ningún miembro de la mesa de contratación ni ningún beneficiado ha sido formalmente acusado por juzgado alguno por esa larga ristra de delitos que les han querido endosar. El concurso está plenamente en vigor sin que ningún recurso, denuncia, querella o campaña mediática haya conseguido su propósito de tumbarlo. Los que sí se sentarán en el banquillo de los acusados serán los abogados madrileños Jaime Rodríguez y Paula Romeo, de la firma Díez & Romeo, acusados nada menos que de un delito de falsificación continuada en documento oficial por, presuntamente, haber falsificado un sello de la oficina de Correos en Arucas para hacer pasar como válidas 41 ofertas que no consiguieron entregar a tiempo. Será este jueves en el juzgado de lo Penal número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, donde estamos seguros de que se escucharán cosas muy sabrosonas. Lejos de estar imputado en la causa de las radios, el Gobierno de Canarias acudirá a este juicio como acusación particular al haberse personado en el procedimiento como parte denunciante. Como hemos contado en este periódico, la familia Díez & Romeo fue cogida por la & por una afán desmedido de hacerse con una abultada cartera de clientes a los que prometió las ofertas más atractivas y audaces para conseguir algunas de las 159 licencias que estaban en juego. Precisamente por su ambición y por su racanería a la hora de contratar personal adecuado y suficiente, 41 de esas ofertas no se terminaron a tiempo, lo que condujo a estos abogados (presuntamente) a inventarse una estratagema tan burda como ilegal.

Una falsificación y unas gilipolleces

Lejos de recular, de reconocer sus errores y de compensar a los profesionales y empresas damnificados por su negligencia, los Díaz & Romeos eligieron el camino de la trampa y la chulería. Empezaron por tratar de engañar al Gobierno con un sello de la oficina de Correos de Arucas inventándose que habían entregado allí esas 41 ofertas pero, al estar averiado el fax de esa estafeta, no pudieron confirmar al Gobierno tal entrega. Una entrega, por supuesto, que jamás llegó a la Administración vía Correos, sino a bordo de carretillas con las que la señora Díez se constituyó en Presidencia del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife como si ella fuera la cartera. Las ofertas no fueron aceptadas, naturalmente, y un perito del Cuerpo Nacional de Policía concluyó que el sello había sido falsificado con procedimientos electrónicos. Tras esa escaramuza fallida, los Díez & Romeo se indignaron y presentaron sus correspondientes recursos, además de insultar a los periodistas que nos atrevimos a contarlo. Para la pequeña historia de este periódico quedará el recado que nos dejó la señora Díez: “Dígale al director que se deje de decir gilipolleces”, amenazando acto seguido con unas terribles querellas que hasta ahora no han llegado.

Les perdonaron la estafa

La actuación de Díez & Romeo en el concurso de las radios canarias nos permitieron conocer cómo las gastaba este despacho madrileño de abogados. Porque no solo ha sido en el concurso isleño donde han metido la pata clamorosamente con falsificaciones burdas. En otros lugares como Valencia, donde un concurso similar acabó como el rosario de la aurora, están denunciados por una ingeniera de Telecomunicaciones a la que suplantaron su firma para presentar los proyectos técnicos de las ofertas encargadas por sus clientes. En Valencia, los Díez & Romeo se enfrentan a una denuncia del Ministerio Fiscal por falsedad en documento oficial y por estafa, delito este último que les ha sido perdonado en Canarias. Porque, además de la falsificación del sello, es evidente que a los clientes que había detrás de esas 41 ofertas se les ha provocado un daño irreparable como consecuencia de una clara negligencia de la empresa en la que habían confiado. Pero además de estos comportamientos públicos, los de puertas adentro de ese despacho madrileño también han sido de traca. Sus ex trabajadores cuentan grandes historias sobre una heterodoxa política de recursos humanos que desembocaron den demandas contra los patronos y en una declaración de insolvencia para no tener que pagar. Hasta hubo un rastreo de la Guardia Civil para embargarles un viejo BMW con el que ir tapando agujeros. Este jueves, a las 09.30, en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, nuevo capítulo de este culebrón.

El presidente de Isolux, imputado

Hay que ver las vueltas que da esta mamandurria global que nos tiene a todos asombrados. El escándalo que protagoniza la honorable familia del ex honorable Jordi Pujol tiene más ramificaciones canarias de las que en un principio aparecieron. Además de la compra del hotel La Canaria, en San Agustín, Gran Canaria, pagada vaya usted a saber con qué dinero procedente de qué fina operación, a Jordi Pujol Ferrusola, el más espabilado de los hijos del clan, se le ha relacionado con negocios en la Baja California, México lindo, donde sientas sus reales nada más y nada menos que el ex consejero canario más famoso a aquel lado del río Pecos, Julio Bonis. Negocios relacionados con la sanidad, que le hicieron famoso aquí, debieron atraer hacia el entorno de Bonis a Pujol Ferrasola, ¿o fue el revés? Pero tras esos hallazgos, este miércoles nos hemos merendado una nueva tanda de imputaciones decretada por el de la Audiencia Nacional juez Pablo Ruz por operaciones en Andorra y en México. Y ¿quién aparece en el puesto undécimo de esa lista tan sandunguera? Pues nada más y nada menos que un empresario muy conocido en Canarias, Luis Delso, presidente de Isolux-Corsan, compañía con muchos intereses en las Islas. Compañero de promoción de José Manuel Soria, a Delso pudo vérsele por estas tierras y estos mares con mucha frecuencia en aquellos años gloriosos del pelotazo y tentetiseo, de los compadreos en despachos oficiales y de lúdicas jornadas de navegación a bordo de un velero en compañía de destacados compadres como el mentado Bonis o Jaime Cortezo. Delso y su compañía consiguieron que en los últimos coletazos de la alcaldía de Soria y la llegada de Pepa Luzardo (2003) le fuera adjudicado un concurso de 8 millones de euros por unas membranas para las potabilizadoras que resultaron una birria y que dieron lugar al conocido caso Isolux. Un escándalo que costó hasta una contaminación de boro en el agua de abasto de Las Palmas de Gran Canaria y un pastón añadido a las deprimidas arcas municipales.

Cosas que la Policía no cuenta en sus notas de prensa

El sector de la seguridad privada está que arde en España como consecuencia de la irrupción en el mercado nacional de compañías que hasta ahora no les inquietaban, como es el caso de Seguridad Integral Canaria, que se ha hecho con algunos contratos en los que las grandes se las prometían muy felices. La reacción ha sido muy variopinta, pero en todos los casos bastante previsible dadas las mañas que tradicionalmente han protagonizado: dossieres, denuncias, campañas de descrédito… destinadas a blindar al que desde siempre fue núcleo duro de esta actividad, muy vinculado familiar y políticamente a poderes que intocables. En ese ambiente parece natural que noticias que puedan perjudicar a esas grandes compañías no se publiquen, o peor aún, ni siquiera se conozcan. En las últimas semanas se han producido dos hechos que han sido convenientemente silenciados por la autoridad, policial mayormente, a pesar de afectar a centenares de personas. La primera noticia de la que hemos tenido conocimiento por radio macuto es que un trabajador de Prosegur destinado en Las Palmas fue detenido hace poco más de una semana por haberse quedado (presuntamente) con 70.000 euros de cajeros automáticos atendidos por esta compañía. Nada ha dicho en sus cotidianas notas de prensa el Cuerpo Nacional de Policía. La otra noticia, de alcance nacional, ha sido el robo de unas quinientas claves de clientes que tienen contratadas alarmas con esa misma empresa, lo que podría afectar a la seguridad de otros tantos hogares o locales comerciales. La Policía, que tampoco ha contado nada, ha empleado mucho tiempo en comunicárselo a los clientes, al tiempo que investiga para qué querían los autores de este robo esas contraseñas tan sensibles.