¿Una torre de doce plantas junto al Oasis?

La noticia corre desde hace días por algunos despachos gubernamentales, donde los más espabilados del lugar se preguntan si para este viaje hacían falta esas alforjas. Rechazado el BIC que el Cabildo de Gran Canaria había promovido para proteger el oasis de Maspalomas y recuperarlo para el uso público, el Gobierno entusiasmó al público sacándose de la chistera una solución mucho más ambiciosa, consistente en subrogarse en las competencias urbanísticas en la zona, suspender el ordenamiento y las licencias, y tomarse un plazo hasta el día 15 de octubre, para proponer una nueva ordenación territorial en la zona que congeniara todos los intereses en presencia, especialmente el interés público. Pero cuando se va acercando irremisiblemente el final de ese plazo, los rumores que llegan apuntan a que la empresa pública Gesplan, a la que se hizo la encomienda, maneja la misma solución que ya había puesto sobre la mesa meses antes de aquella decisión gubernamental. La decisión, por llamarla de alguna manera, consiste en compensar a la cadena RIU con una torre de doce plantas justo entre el hotel Residencia, de la cadena SeaSide Hotels, y la charca de Maspalomas, en un suelo público desocupado. La cosa tiene su enjundia, porque con esa presunta solución solo se despeja una parte del conflicto, la de los intereses de la cadena mallorquina, y no los del resto de edificaciones que, en aquella decisión gubernamental, quedaron fuera de ordenación a la espera de la nueva reglamentación urbanística. La enjundia se convierte en cachondeo si se tiene en cuenta que esa torre está prevista justo al otro lado de la charca donde en el año 1989 se derribó el hotel Dunas, precisamente para preservar el conjunto natural que ahora parece importar solo a medias.

El mejor hotel del mundo con una torre al lado

Estas cosas que se le ocurren a Gesplan solo pasan en este archipiélago tan sandunguero. Porque aquel hotel Dunas que se derribó en 1989 era propiedad de Theo Gerlach, el dueño de SeaSide Hotels, que ahora verá cómo aquella demolición, destinada a erradicar de los alrededores del complejo natural de las dunas de Maspalomas cualquier edificación maliciosa, fue un cuento chino. Porque la torre que Gesplan propone para RIU estaría también en una zona de gran afección para el sistema de charca y dunas, y encima, junto a su lujoso hotel Residencia, con unas alturas inferiores a las de las palmeras de la zona y una tipología edificatoria acorde con el medio. Para colmo, el Residencia acaba de ser elegido por los clientes del turoperador TUI como el mejor hotel del mundo, lo que se convierte en un auténtico cachondeo. Porque uno de los principales accionistas de RIU, beneficiaria de estas ocurrencias de Gesplan, es precisamente TUI, cuyos clientes pedirán que les devuelvan el voto de inmediato. Hasta Rajoy dejará de veranear allí cuando se entere que los de la planta 12 pueden largarle desde arriba una botella de ron miel cuando esté tan ricamente en la piscina.

Santana Cazorla paga, pero menos

No nos movemos de momento del sur de la isla de Gran Canaria para acercarles la última del empresario Santiago Santana Cazorla. Metido en varios pleitos, uno de ellos penal, pero que muy penal, este tirajanero es de los que consiguen transformar en fortaleza lo que a todas luces son debilidades. Querellado por sus propios socios en Anfi del Mar, los noruegos herederos del inolvidable Björn Lyng, ha logrado devolver a la sociedad los más de ocho millones de euros que supuestamente había desviado a su favor para que con ellos la compañía pudiera hacer frente a una parte de los embargos que se le venían encima por una deuda contraída con el Grupo Lopesan, que para cobrarle le había embargado varias fincas de la urbanización Anfi Tauro. La noticia parece enrevesada, pero es que así son las cosas de este hombre, que un día logró con una empresa interpuesta que el mismo juzgado que tramita esos embargos le permitiera adjudicarse a sí mismo una parcela que se subastaba. Y pagarla a plazos, a razón de 600.000 euros al año hasta llegar a cinco. Este miércoles, según publicaba con antelación La Provincia, lograba depositar 3,6 millones para que se suspendiera una nueva subasta por otra finca del complejo del barranco de El Lechugal. Pero suspendida la subasta, él ha logrado que la opinión pública crea que se han cancelado los embargos, que siguen vivos hasta que la secretaria judicial establezca el saldo deudor pendiente y vuelva el reloj de arena a ponerse a caminar en su contra. Paralelamente, continúa viva la querella de sus socios por apropiación indebida de más de ocho millones, a pesar de que con algunas operaciones logró devolver el dinero supuestamente desviado a su favor. Como queda igualmente pendiente el pleito que esos mismos socios noruegos le interpusieron por hacerse a la zorrúa con la concesión del muelle de Anfi del Mar, en el barranco de la Verga, aprovechando la caducidad de la concesión, que pidió astutamente a nombre de una empresa que creó junto a su mujer y su hijo. Sin haberle metido un pleito pero fumando en pipa sigue todavía su hermano Manolo, escamado y preguntándose por qué esa concesión no la captó a nombre de la sociedad que ambos poseen, Hermanos Santana Cazorla, S.A. Si no fuera por la edad y las naturales condiciones físicas, casi parece un reputado contorsionista.

El fiscal Stampa demanda a Chavanel

Se veía venir. La cruzada emprendida por los empresarios Luis Lleó y Juan Francisco Rosa para escabullirse del caso Unión por la vía del descrédito del juez instructor y del fiscal de Medio Ambiente, utilizando para su propósito a determinados periodistas, ya tiene su primera demanda judicial. La ha interpuesto contra el periodista Francisco Javier Chavanel el fiscal Ignacio Stampa, que además de reclamar que cesen los ataques que le viene infligiendo el demandado “durante estos últimos cinco meses”, pide que se le indemnice con 350.000 euros. La demanda, por vulneración del honor y del derecho de los ciudadanos de obtener una información veraz y contrastada, fue presentada este martes en los juzgados de Arrecife y a lo largo de sus 62 folios relata las duras acusaciones e “insinuaciones difamatorias” que el locutor ha lanzado contra él tratando de “provocar en el ciudadano una impresión manifiestamente distorsionada sobre la labor imparcial que desarrolla el Ministerio Fiscal en estos procedimientos”, de lo que ya se había quejado en su día el Consejo Fiscal. Durante el último medio año, Chavanel se ha especializado en divulgar exclusivamente la estrategia de los dos más relevantes imputados en la trama corrupta, consistente en anular toda la investigación a base de las argucias más estrambóticas, acusando al juez instructor, César Romero Pamparacuatro (que todavía no lo ha demandado) y al fiscal de ser instrumentos de una pérfida conspiración urdida no se sabe muy bien por quien para arruinarlos y, por ende, arruinar a la isla de Lanzarote. Los ataques han ido de lo profesional (acusando veladamente a ambos de negligentes, conniventes con determinado poder político, prevaricadores o directamente corruptos) a lo personal, con insinuaciones muy pintorescas sobre la vida privada, al menos del fiscal.

Vuelve la burra al trigo

No es la primera vez que el periodista Francisco Javier Chavanel se ve envuelto en una demanda judicial de alto voltaje por su entrega a causas financiadas por empresarios metidos en líos judiciales. Le ocurrió algo muy similar cuando se entregó en cuerpo y alma a la defensa de Rafael Bittini, el empresario de la traquita en la montaña de Tebeto, que quería una sentencia favorable en la Sala de lo Contencioso-Administrativo para levantarle al Gobierno 103 millones de euros. Y luego repartir, claro. Como la sentencia fue negativa y se abortó el montaje, Chavanel llamó prevaricador al magistrado Javier Varona, que le interpuso una demanda que supuso al condenado tener que pagarle 15.000 euros de indemnización. Bueno, al demandado o al que corría entonces con los gastos del locutor, Jaime Cortezo, que terminó también en el juzgado reclamándole aquel adelanto a su particular Jiménez Losantos. En este caso, y dada la confesada (en antena) insolvencia del demandado, el fiscal Stampa ha optado por meter en su demanda a Inforcasa, editora de Canarias7, donde Chavanel ha publicado algunas de sus ensoñaciones unionistas. En ese periódico, el demandado tiene solamente la condición de colaborador con columnas periódicas, lo que seguramente servirá de eficaz defensa a la empresa editora, que no se ha sumado en ninguna otra sección a esa fanfarria de Rosa y Lleó. Queda pendiente lo que pueda ocurrirle al Grupo Lancelot, que también ha contribuido a enturbiar la imagen de los investigadores y de la instrucción del caso Unión. Pero de momento Stampa se ha frenado porque, de demandar a esos medios conejeros, se vería obligado a abstenerse en el sumario, dado que, también para mejor proveer, Juan Francisco Rosa se ha hecho con su control societario.