Pero, desde el punto de vista sanitario, los expertos ya apuntan a efectos perniciosos sobre el sistema, como una utilización mayor de los servicios de urgencias por parte de los extranjeros no comunitarios que enfermen por cualquier dolencia, y la irrupción de un sistema médico y farmacéutico sumergido que no solo pondrá en peligro la salud de estos miles de personas que conviven con los españoles, sino también la de los españoles mismos. Algunas comunidades autónomas, como la vasca, ya han anunciado que van a negarse a aplicar esas restricciones y ese atropello a un derecho tan básico. Pero regiones que tanto tiraron de la inmigración en los tiempos de bonanza económica, de la inmigración que pagó a Hacienda y a la Seguridad Social como todo el levante o Madrid, no van a estar por la labor. Claro que eso a nuestros gobernantes no les preocupa lo más mínimo porque las medidas de recortes de derechos sanitarios aprobadas el viernes no son extensivas a los trabajadores acogidos a mutualidades de funcionarios como Muface, Isfas o Mugeju, algunas de las cuales protegen a sus señorías parlamentarios y políticos en ejercicio en general. Y perdón por la apariencia de demagogia, pero ante atropellos de este calibre, empieza a valer de todo.