El concurso adjudicado por el PP a Lifeblood en octubre de 2010, solo unos días antes de abandonar el Gobierno por decisión de Soria, estuvo plagado de irregularidades y de ellas se ocupa en estos momentos la justicia. Se cambiaron las bases para que desapareciera la exigencia de experiencia y pudiera presentarse y ganar una empresa de nueva creación filial de una inmobiliaria, a la sazón la que dio el pelotazo en las torres del Canódromo, Inprocansa, en los tiempos de la alcaldía del mentado Soria. Se suprimió también la cláusula que imponía solvencia económica y dejaba en manos de la mesa de contratación demasiados criterios subjetivos, algunos de ellos sobrevenidos, como la aportación de un local en las inmediaciones de los centros hospitalarios. El nuevo concurso que pretende publicar el Gobierno de Canarias contempla reducir sustancialmente ese margen de subjetividad a la mesa de contratación. Según ha dicho el portavoz gubernamental, Martín Marrero, los criterios objetivos pasarán del 51% al 84,5%, y los de eficiencia económica, del 10% al 54%. Estaremos muy atentos, como lo están las personas que padecen enfermedades renales y tienen que someterse a diálisis permanentemente. Merecen muchas explicaciones y un servicio mejor.