Se tensan las negociaciones, de haberlas, entre el Gobierno y el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) ante la inminencia de una decisión: desaparición de pluses y segregación de una parte de la plantilla hacia la Fundación Parque Tecnológico, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, o aplicación de un ERE que afectaría a una buena parte del personal. El comité intercentros ha tirado por el camino de la convocatoria de una huelga. Peor, imposible. La consejera de Industria, presidenta del consejo de administración de ese organismo, soltó este fin de semana el envite, que cayó como una bomba entre el colectivo laboral, que no parece muy dispuesto a reducir los derechos de un convenio colectivo que data de 2003, cuando la crisis no la veía Pedro Solbes, ni se había planteado escribir un libro para contarlo. Son ventajas impensables en el resto de trabajadores públicos de Canarias e inasumibles en el actual escenario de déficit público y recorte de los gastos en las administraciones: pagas extraordinarias reforzadas, pluses para el transporte al centro de trabajo, pagas personalizadas a algunos responsables? que el Gobierno quiere hacer desaparecer para poder evitar los despidos. A su vez, propone que una parte de la plantilla, sin tener que abandonar su centro de trabajo, pase a depender de la Fundación Parque Tecnológico, de la ULPGC, que habría de aportar un millón de euros al año para el sostenimiento de ese personal de nueva adscripción. Algunos rumores, desmentidos por la consejera, apuntaban este lunes al desconocimiento por parte de la Universidad de estas condiciones, básicamente porque ese dinero habrá de salir de las mismas arcas autonómicas que los recortan por otro lado.