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El blog de Carlos Sosa, director de Canarias Ahora
El escándalo llega a su fin. Que la oferta de Videoreport Canarias, la productora que ha batallado por tierra, mar y aire contra el concurso de informativos de la Televisión Canaria haya resultado la ganadora no desinfla lo más mínimo el tamaño del engendro ni la cantidad indecente de irregularidades que lo han adornado. Ni por supuesto ese triunfo de la productora demandante debe dejar borradas de un plumazo todas las arbitrariedades que la ciudadanía ha presenciado en el entorno del presidente de Radio Televisión Canaria y de quienes le han acompañado en esta absurda aventura. Si siempre he sostenido que este concurso estuvo mal planteado desde el principio, como coinciden algunos informes jurídicos y apuntan de manera más que amenazante algunos jueces, su resolución no lava en absoluto esas irregularidades. Ni las responsabilidades personales asumidas por Santiago Negrín y su lugarteniente, Daida Rodríguez, así como por el Gobierno de Fernando Clavijo, que ha actuado de modo irresponsable desde el principio.
La inesperada descalificación de una de las productoras concursantes, Nuntium TV, participada por Editorial Prensa Canaria y el Grupo Prisa, redujo la competencia a dos únicas ofertas, y entre Liquidmedia y Videoreport, fue la valoración objetiva, la que se obtiene de la aplicación de una fórmula matemática, la que decantó el triunfo a favor de esta última. Nadie se esperaba que, después de declararse desierto el primer intento de concurso, alguna de las concursantes volviera a cometer un error similar al que derivó en aquella decisión. Pero ocurrió y nadie pudo evitar expulsar Nuntium de esta licitación.
Videoreport Canarias, la actual adjudicataria, está fuertemente participada por Inforcasa, la empresa editora de Canarias7. Desde que se detectaron las primeras arbitrariedades puso el asunto en manos de los tribunales. Primero, del Tribunal Administrativo de Concursos Públicos, dependiente de la Consejería de Hacienda, que cinco meses después sigue sin decir esta boca es mía, y eso a pesar de una resolución judicial que se lo requería. El empeño de Clavijo y de Rosa Dávila por sacudirse las responsabilidades de encima les llevó a ordenar que no hubiera pronunciamiento de ese órgano -cuyo presidente ha quedado retratado- y a pregonar que debía ser el Parlamento el que se pronunciara.
Luego, los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, que de momento solo han dicho cautelarmente que Negrín nunca fue competente para convocar un concurso así (más de un millón de euros y carácter plurianual) sin el respaldo del consejo rector, y mucho menos constituyéndose en órgano unipersonal de contratación. Una fórmula esta que no solo está recurrida por Videoreport, sino que ahora mismo está puesta en entredicho nada menos que por la interventora general de la Comunidad Autónoma, que ha vetado un concurso similar, el de transporte de la señal de la radio y la televisión públicas, precisamente por haberse hecho bajo la misma discutida fórmula.
Por lo tanto, por mucho que haya sido la compañía más crítica con el concurso la que lo haya ganado, nadie debe alejarse del foco de las irregularidades y de las correspondientes responsabilidades que ha de asumir cada cual. Las políticas, por supuesto, en primer lugar, y las penales si las hubiere y alguien las reclamare.
El balance de este culebrón parece claro:
Y a Santiago Negrín y a su mariscal de campo, Daida Rodríguez; al viceconsejero de Comunicación, José Luis Méndez; a la consejera de Hacienda, Rosa Dávila; al presidente del Gobierno, Fernando Clavijo; al portavoz parlamentario de CC, José Miguel Ruano; al secretario general del PSOE, Ángel Víctor Torres; al presidente de la Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo, y al presidente del Partido Popular, Asier Antona, cabe preguntarles si ha valido la pena ser cómplices de este sainete por acción u omisión sencillamente por no haber sido capaces de tomar decisiones cuando correspondía.
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