A ver si nos enteramos, ¡ar!

A ver si nos enteramos, ¡ar! El ministro español (y olé) de Defensa, Pedro Morenés, debía estar esperando ansioso la ocasión que este miércoles le brindó la diputada socialista Patricia Hernández, candidata a la presidencia de Canarias, para dejar que le regurgitaran sus ancestros y le hicieran vomitar por esa boca para afuera sus sentimientos sobre la defensa nacional y contra los que, a su leal saber y entender, son enemigos de la integridad de la patria. Nada mejor se podía esperar de quien es descendiente del conde del Asalto, Grande de España, título nobiliario concedido tras los méritos que contrajo Vicente González de Bassecourt, que murió en el asalto inglés al castillo del Morro de La Habana, por lo que el título se lo entregaron a su hermano Francisco (¿?). Con el paso del tiempo, ya bajo el reinado de Alfonso XIII, el título alcanzó la consideración de Grande de España y se le concedió al conde Ramón María de Morenés y García-Alesson, abuelo del señor ministro de Defensa del actual Reino de España. Estas referencias genealógicas de Morenés invitan a pensar que el asalto, entendido como acción militar, ha formado siempre parte del imaginario familiar y que cualquiera que pueda osar insinuarlo (como a su juicio hicieron los activistas de Greenpeace el sábado) es merecedor de una defensa contundente al estilo habanero. Si a tales consideraciones unimos la actividad armamentística que ha jalonado la carrera empresarial de este miembro del Gobierno, consejero de Instalaza hasta 2009, compañía fabricante hasta un año antes de bombas de racimo, es muy fácil entender el espíritu que inspiran sus actuaciones. Para refrenar esos ímpetus, Morenés prefirió leer su contestación a Patricia Hernández, pero en un arrebato de los suyos y fuera del guión, soltó a la diputada algo impropio del lenguaje parlamentario pero sí bastante marcial: “A ver si se entera”, lo que llenó de gozo, cómo no, a la bancada del Partido Popular.

En el 'New York Times'

En esta ocasión no había que defender de un asalto enemigo una posición española, aunque fuera colonial. Se trataba de aplicar los mismos conceptos a un buque con bandera de las Islas Marshall contratado por la multinacional Repsol, apostado a unas millas de las Islas Canarias, ésas que en palabras del presidente Paulino Rivero sufren un trato colonial por parte del Gobierno de España. El enemigo, tres lanchas de la organización Greenpeace que, para dar mayor dramatismo a la situación, dijo el señor ministro que eran más potentes y más grandes que las de nuestra Armada, una desventaja que le sirvió para justificar la evidente desproporción de la actuación. Por suerte para el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, al ministro no se le ocurrió adornar su ardoroso diario de batalla con afirmaciones falsas acerca de arneses asesinos o arpones de pesca amenazantes, como su ministerio ha dicho estos últimos días para colocar como peligrosos terroristas a los activistas de Greenpeace. El incidente en aguas cercanas a Canarias hace tiempo que es noticia internacional. A Lanzarote se han desplazado muchísimos medios españoles y de otros países, pero este mismo martes el asunto merecía la atención del The New York Times, en un relato de su corresponsal Raphael Minder titulado “Repsol caza petróleo frente a las Islas Canarias”. La pieza es bastante completa e incluye una descripción del proyecto de Repsol, la contestación que ha despertado en las Islas Canarias, las características ambientales y turísticas del Archipiélago, el papel desempeñado por José Manuel Soria y, por supuesto, los percances del pasado sábado.

Rebelión (palmera) de los secretarios del PSOE

Mientras Patricia Hernández se partía la cara en la Carrera de San Jerónimo con el ministro Morenés, en Canarias corría como la pólvora la noticia de que algunos secretarios insulares de su partido, el PSOE, firmaban una carta dirigida a Pedro Sánchez para pedirle que, porfa, readmita a los seis consejeros socialistas del Cabildo de La Palma expulsados por desobedecer la orden de no pactar con el Partido Popular. A estas alturas no está del todo claro quiénes han sido los secretarios insulares que han firmado ese documento, pero se da por sentado que ya lo han hecho los de La Gomera, El Hierro y Tenerife, y por supuesto, el depuesto secretario general de La Palma, Anselmo Pestana. La carta tiene algunos pasajes memorables porque no se aporta ni un solo motivo de peso para el perdón que se solicita, más allá de la consideración de que “dichos compañeros representan el sentir de la inmensa mayoría de los socialistas palmeros y cuentan con la solidaridad de los socialistas canarios (sic)” y la inconveniencia que supone presentarse sin ellos a las elecciones de 2015. Los firmantes (los que hasta la fecha lo hayan hecho) solicitan que se archiven los expedientes y se les readmita, pero que no se les someta “a condición alguna relativa a la ruptura de pactos de gobierno” (como el que les llevó a la expulsión) por entender que “en este momento dicha medida sería del todo punto inconveniente”. Eso sí, en un acto de contrición espléndido, “el compañero Anselmo Pestana (…) se compromete a someterse a cuantos acuerdos se adopten por los órganos regionales del partido y por el Comité Federal en orden a los pactos electorales que dichos órganos aprueben tras los comicios electorales de mayo de 2015”. Es decir, no rompemos con el PP, y fíate de mí para cumplir los pactos que me digas el año que viene. Es fantástico.

Una petición explosiva e imposible

No hace falta ser un sesudo analista político ni un profundo conocedor de los estatutos del PSOE y de la actual corriente disciplinaria impuesta en Ferraz ante las indisciplinas para saber que esta carta irá directamente al archivo, previo paso quizás por el excusado de caballeros de la sede central del PSOE. Primero porque lo que se pide es un absurdo de proporciones siderales: hay que perdonar a los disidentes palmeros que deseobedecieran premeditadamente las instrucciones de la dirección federal de no pactar con el PP sin que cumplan la única exigencia que se les ha impuesto, precisamente romper con el PP en el Cabildo de La Palma. Tampoco es baladí el incumplimiento que esa petición supondría del acuerdo firmado entre la dirección federal del PSOE y la de Coalición Canaria tras la censura que colocó a Pestana como presidente en el sentido de impedir que estos consejeros puedan permanecer en el partido y ser candidatos en 2015, a no ser que cumplan con la imposición de romper su pacto con el PP. Pero, a mayor abundamiento, la petición se torna tramposa al pretender que, de aceptarse, pueda haber en el futuro el menor atisbo de un pacto con los nacionalistas, lo que conduce irremediablemente al escenario actual: un pacto entre socialistas y el PP tras las elecciones de 2015. Es decir, lo que Pestana y los suyos hacen ahora y lo que desean seguir haciendo en el futuro.

Eligio, ese mamotreto jurídico

Les aconsejamos buscar un hueco para leerse los 113 folios de la sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que ratifica la que, en primera instancia, impuso una juez contra los políticos y funcionarios implicados en el caso Mamotreto, ese despropósito levantado en la sufrida playa de Las Teresitas a mayor gloria de la corrupción que campó a sus anchas durante los sucesivos mandatos del ex alcalde y hoy senador Miguel Zerolo. El ponente, Fernando Paredes Sánchez, no deja títere con cabeza, y además de ratificar la sentencia de instancia y los hechos que condujeron a ella, confirma que el edificio ha de ser demolido a costa de los condenados, salvo que el Ayuntamiento consiga salvar vía planeamiento la parte que no haya invadido la zona de protección de costas. Pero, además de las consideraciones jurídicas referidas a los hechos juzgados, a la Audiencia Provincial le ha parecido que el abogado de dos de los condenados, el inconmensurable Eligio Hernández, se pasó un par de pueblos con las afirmaciones que vertió en sus recursos. Ya lo advertíamos aquí cuando se supo que había acusado a la magistrada que los condenó de ser una ignorante, una negligente y casi una prevaricadora. El ex fiscal general del Estado, ex magistrado y ex gobernador civil nunca fue un dechado de contención verbal, especialmente contra los que él considera jueces estrella, desde Garzón a Parramón, y siempre situándose del lado de los corruptos o de los investigados por corrupción. Su tesis principal es que esos jueces “hacen política” en vez de impartir justicia porque investigan a políticos desde la justicia. Su alegato final de tres horas de duración para tratar de que sus dos defendidos fueran absueltos en el caso Mamotreto no consiguió el propósito deseado, y ahora podría enfrentarse, a petición de la Audiencia Provincial, a un expediente disciplinario del Colegio de Abogados y a las acciones penales que la fiscalía (si se atreve) pueda ejercer en nombre de la juez injuriada y calumniada en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

Es la economía, estúpido, no la ecología

El corazón nos dio un vuelco cuando recibimos en la redacción un comunicado del europarlamentario canario del PP Gabriel Mato referido a la práctica del aleteo o finning por parte de buques de terceros países, “sobre todo asiáticos”. Creíamos que íbamos a encontrarnos con un posicionamiento claramente en favor del conservacionismo y contra esa práctica criminal de capturar a los escualos, cortarles sus aletas y devolverlos mutilados y sin posibilidad de supervivencia al mar, como pueden contemplar en el vídeo adjunto. Pero desgraciadamente nos equivocábamos. Aunque el resultado final pudiera conducir a una reducción de esa modalidad de capturas, encaminadas exclusivamente a la comercialización para fines gastronómicos o curativos de las aletas de tiburón, lo que verdaderamente anunciaba Mato es que él y su compañero de Parlamento Francisco Millán Mon lo que pretenden es que la Comisión Europea arbitre medidas “que compensen a los pescadores europeos” ante el “claro aumento de los costes y las desventajas competitivas” que padecen al tener que quedarse con el tiburón entero una vez lo han pescado. Es tan profunda la preocupación económica que este asunto genera, que ambos europarlamentarios conservadores han preguntado a la Comisión ni no existe, por un casual, la posibilidad de “cambiar la legislación europea en esta materia que prohibió el cercenamiento de las aletas de los tiburones a bordo” para que los pescadores comunitarios no tengan que cargar hasta puerto con sus capturas mutiladas, ahí, poniendo perdida la cubierta y ocupando un espacio que podrían emplear para otra cosa más rentable. Y todavía nos preguntamos por qué el Gobierno del PP trata a los ecologistas como los trata.