La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, es el ariete que utiliza el Partido Popular para abrir brecha en favor de las tesis más extremistas de la derecha española y pulsar el estado de opinión de los cuarteles de cara a modular las medidas regresivas que el Gobierno de España está aplicando y quiere seguir aplicando. A sus proclamas sobre la desaparición de las autonomías o la reducción del número de parlamentarios autonómicos, entre otras ocurrencias, la lideresa ha unido ahora la abolición del Tribunal Constitucional como castigo ejemplarizante a la sentencia por la que se legaliza Sortu. Antes, mucho antes, Aguirre defendió ardorosamente la abolición de instituciones como las audiencias de cuentas o los defensores del pueblo autonómicos, idea esta en la que contó con el entusiasta apoyo de María Dolores de Cospedal, que anda haciendo su particular escabechina en Castilla La Mancha. Pero una cosa es predicar y la otra dar trigo. Aparte de que nadie en el PP se atreve a poner en marcha, por ejemplo, la propuesta socialista de abolir las diputaciones provinciales, medida que supondría un ahorro de 1.000 millones al año, otros organismos como las oficinas de defensores del pueblo hacen vida normal.