El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Castro Feliciano, agradeció dos veces a cada colectivo su presencia, no vaya a ser, y después de lanzar un montón de datos, -alguno erróneo, pues 8.600 de cada 10.000 mujeres canarias no pueden ser maltratadas- entró en materia: no se puede modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial sin abordar la modificación del sistema judicial español: necesitamos una justicia ágil, rápida, dotada de los necesarios medios personales y materiales“ y ello ”contrasta con el interés de control político de sus órganos de gobierno“, que consideró ”contrario al principio de división de poderes del Estado“ consagrado en la Constitución española”. E incluso contraproducente para la recuperación económica, considerando la justicia “ágil y eficaz” un elemento de seguridad jurídica imprescindible para cualquier actividad empresarial. No oímos mucho sobre la justicia que preocupa a los ciudadanos, incluida la de la aplicada por la UIP, del Cuerpo Nacional de Policía. Pero será que nos despistamos en algún momento.Por cierto, no hubo vino español. Ni canario, ni palmero ni ná de ná. Que no están los presupuestos para farolillos.