Vaya ramillete de revisiones el que se produjo como broche de oro a la semana pasada. Todavía andamos recuperándonos de algunas de ellas. No solamente las políticas, las que emanan de esa fábrica de sustos que es el Consejo de Ministros, ni esos tumbos políticos de los que antes decían digo y ahora dicen Diego. Nos referimos a resoluciones como la ya comentada aquí sobre el planeamiento del Canódromo, que ahora va a resultar legal, lo que no quiere decir que haya sido legal todo lo que se compinchó a su alrededor. Que eso sigue pendiente de repaso. Nos referimos también a esa sentencia del Supremo que ha dado por nula la expulsión de la carrera judicial de José Antonio Martín, ex presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, al que sorprendieron asesorando a un narcotraficante que ni siquiera es presunto a la hora de publicar estos sueltos. A Martín se le pasó el arroz, es decir, el expediente ya estaba caducado cuando el Consejo General del Poder Judicial decidió expulsarlo tras esperar a que acabara la causa penal, de la que fue absuelto por el Supremo por una mala praxis instructora de la fiscalía. Total, un papelón generalizado. Pero lo chachón, lo verdaderamente endémico de este terruño, fue la suspensión de la prueba de ortografía para el acceso al muy honorable cuerpo de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria.