Las causas más antiguas de presunta corrupción que se tramitan en Canarias (las que fueron pasto del archivo o sencillamente del desprecio de la Justicia o de la Policía no las incluimos en este apartado) datan de 2006, cuando estallaron Eolo, Faycán y Góndola, un año tan complicado para el PP que su presidente, José Manuel Soria, se vio forzado a sustituir su táctica de expulsar a los detenidos por la de acusar a la Policía, a los jueces, a los fiscales y a la prensa de perseguirles despiadadamente. En todos esos casos se están produciendo dilaciones, unas más indebidas que otras. En Faycán y Eolo, por ejemplo, son las defensas de los encausados los que literalmente han tupido a los juzgados de recursos. Góndola, por el contrario, ha sufrido el paso de varios jueces que, además de la jurisdicción penal, han de ocuparse de la civil en ese juzgado de San Bartolomé de Tirajana. El de Unión es un caso más peliagudo porque, además de ser una enormidad, la instrucción se ha tropezado con un cambio de destino del juez inicial, Romero Pamparacuatro, y a algunos obstáculos relacionados con la alcurnia de algunos y algunas de los investigados. Las Teresitas, por su parte, es una larga instrucción que arrancó en 2007 y que ha tenido muchas derivaciones, muchas investigaciones patrimoniales, registros, imputados, testigos protegidos... Ahora se enfrenta al cambio de tribunal, del TSJC al Supremo, por el traslado de echadero del principal encartado, Miguel Zerolo. El flamante senador por la Comunidad Autónoma, que premia a quien considera mejor para representarnos, ha recibido el ofrecimiento del Supremo para que declare voluntariamente. Si lo hace se ahorrará el engorroso trámite del suplicatorio. Si no lo hace, ganará un poco más de tiempo, que es lo que quiere para acusar a la Justicia de dilación indebida.