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Aguas de Las Palmas pagó con obras un préstamo de 100.000 euros a los ejecutivos de Saur y Sacyr

El prestamista denunció los hechos a Sacyr, matriz de Valoriza, porque Abril-Martorell, su hombre en Canarias, no cumplía con lo pactado

La multinacional dice no saber nada del asunto pese a haber recibido dos burofax en los que el contratista denunciaba un “contrato simulado”

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Pablo Abril-Martorell (izquierda), saliendo de la Ciudad de la Justicia en compañía de su abogado, Nicolás González-Cuéllar.

Pablo Abril-Martorell (izquierda), saliendo de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria en compañía de su abogado, Nicolás González-Cuéllar.

Nuevos documentos incorporados a las investigaciones judiciales sobre la gestión de la Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas (Emalsa) confirman la ausencia de control en la adjudicación de contratos de obras y comportamientos atípicos de los dos ejecutivos representantes de los socios privados en la compañía. Un préstamo personal de 100.000 euros, concedido por un proveedor a los consejeros de las dos sociedades privadas en el consejo de administración de la compañía, José Luis Rubio Díaz de Tudanca, de la francesa Saur, y Pablo Abril-Martorell, director general de Valoriza Agua (filial de Sacyr), fue satisfecho mediante obras contratadas al prestamista por la empresa Emalsa, participada en un 34% por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, un 33% por Valoriza y otro 33% por Saur.

Así consta en un burofax remitido al presidente de Sacyr, Manuel Manrique, por el empresario canario Felipe Guerra, el prestamista, en el que se relatan “hechos en apariencia de especial gravedad” protagonizados por los dos ejecutivos citados actuando en nombre de la mercantil Sercanarias, participada a partes iguales por Saur y por Valoriza, y dedicada a recibir y gestionar todos los contratos de mantenimiento y reparación de Emalsa.

“Con fecha 25 de enero de 2011”, dice en su escrito el empresario, “me vi comprometido en la firma de un contrato en el que el objeto descrito no coincide con la realidad, ya que se hace constar documentalmente como causa del referido contrato la existencia de “operaciones comerciales anteriores relacionadas con obras de reparación y mantenimiento de la red de abastecimiento de Las Palmas de Gran Canaria, subcontratadas por Sercanarias, S.A.”,  que “nunca existieron”.

Según la versión del empresario, tanto Rubio como Abril-Martorell camuflaron bajo un contrato de “operaciones comerciales” lo que en realidad era “un préstamo dinerario que les había previamente concedido, y fue para justificar su pago o devolución que idearon los mencionados señores un contrato aparente, posiblemente para endosárselo a Sercanarias, S.A.”

Este relato, acompañado del contrato en cuestión, fue remitido al presidente de Sacyr, Manuel Manrique, el 21 de mayo de 2012 vía burofax para que tomara medidas, con la advertencia de que “de no recibir una repuesta convincente en el plazo de quince días, quedaré liberado para poner en marcha las oportunas acciones en relación con los hechos de los que, como señalo, tengo noticia”.

En Sacyr han asegurado a este periódico que “no consta ninguna de esas actuaciones” y que esa compañía “cumple con la legislación vigente y con sus procedimientos internos de cumplimiento”.

Sin embargo, el empresario denunciante recibió una contestación del director de la asesoría jurídica de Sacyr el 5 de junio siguiente reclamándole más información, a lo que siguió otro burofax de respuesta por parte Felipe Guerra. A tenor de lo que afirma el empresario en ese segundo burofax, los dos ejecutivos firmantes del contrato de reconocimiento de deuda de 100.000 euros endosaron ese “préstamo dinerario” a Sercanarias S.A., y posteriormente a Emalsa a través de un contrato de ejecución de obras en el distrito Tamareceite-San Lorenzo-Tenoya para el mantenimiento de la red de abastecimiento de Las Palmas de Gran Canaria. En ese contrato con Emalsa también se reconocía a Guerra Patrimonial FGG, S.L. el derecho a “continuar vendiendo o suministrando hasta 300.000 metros cúbicos anuales de agua al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria” en el referido distrito.

Felipe Guerra se mostraba contrariado en su respuesta a la asesoría jurídica de Sacyr porque esta le reclamara “copia de la documentación e información de la que dispongamos en relación con las presuntas irregulares actuaciones sobre las que avisábamos”. Y le recordaba que ya le había enviado “el contrato simulado” que firmó con los representantes de Valoriza y Saur para encubrir supuestamente en esa operación comercial lo que en realidad era un préstamo.

Guerra aprovechó para quejarse en su segunda misiva de que el acuerdo que suscribió con Emalsa para satisfacer a través de obras y venta de aguas la deuda de 100.000 euros no se cumpliera hasta que “esta parte hiciese advertencia de ejercitar oportunas acciones”.

El empresario se quejaba especialmente del comportamiento de Pablo Abril-Martorell, el hombre de Sacyr en Canarias, que a su juicio empleó un “tono histérico” en una conversación telefónica que se zanjó con “cuelgue grosero del teléfono” cuando “solo exigimos igualdad de trato en la adjudicación de contratos”, según se lee en este segundo burofax  cuya copia obra en poder de este periódico.

Siempre según esta versión, Abril-Martorell dio “instrucciones a su subordinada, la directora general de Emalsa, Laura Rivero, (…)” para que esta a su vez ordenara, “con notas manuscritas” que no se le adjudicara a su empresa “contrato alguno, con independencia de presentar la mejor oferta”.

Laura Rivero ha confirmado a este periódico tener conocimiento del malestar de Felipe Guerra, con el que mantuvo varias conversaciones al respecto. Igualmente ha asegurado ser conocedora de esas cartas de queja del proveedor a Sacyr, aunque sostiene no haber recibido jamás copia de ellas. Preguntada por el contrato de obras y suministro de aguas suscrito por Emalsa con Guerra Patrimonial, la exgerente de Emalsa dio por zanjada la conversación anunciando que solo responderá por este asunto ante la justicia al estar judicializada una parte de la gestión de la compañía mixta de aguas de Las Palmas de Gran Canaria que, en gran medida, comprende su gestión como directora general y como directora comercial y financiera.

Preguntado este lunes Felipe Guerra por la resolución de este conflicto, contestó a este periódico que “todo se resolvió perfectamente bien”. El empresario, sin embargo, descalificó al periodista cuando este le relató lo dicho por él en sus dos burofax dirigidos a Sacyr: “O no sabe leer o no sabe interpretar”. El siguiente intento por recabar de él una versión más ajustada a su propia interpretación se saldó con un cuelgue de teléfono similar al que dijo haber sufrido por parte de Abril-Martorell.

Conseguir la versión de Pablo Abril-Martorell y de José Luis Rubio Díaz de Tudanca ha sido tarea imposible. El primero descolgó su teléfono móvil para decir que el que hablaba al otro lado no era él. Los recados a su secretaria en Valoriza no recibieron jamás una respuesta. Rubio Díaz de Tudanca, por su parte, contestó a una sola llamada, dijo que no podía hablar en ese momento y nunca más cogió el teléfono a este periódico.

El precio del metro cúbico del agua de abasto se fija en base a los costes de producción y de explotación de la red, lo que significa que, a mayores costes, mayor será la tarifa que paguen los usuarios de Las Palmas de Gran Canaria. Haber cargado, como se deduce de esta documentación, costes de mantenimiento o de compra de agua a un contrato privado de préstamo podría haber repercutido en ese cálculo, es decir, podría haber sido pagado por los vecinos y vecinas de la ciudad. El hermetismo en Emalsa es absoluto. Ni siquiera su web informa de qué personas son las que forman su consejo de administración o su staff directivo.

La gestión de Emalsa fue llevada a la Fiscalía de Las Palmas por el alcalde Juan José Cardona tras suceder al frente de la alcaldía a Jerónimo Saavedra en 2011. En estos momentos se investigan presuntos delitos societarios por los contratos que la empresa mixta celebraba con Sercanarias, participada al 50% por sus dos socios privados, y con Satocan, a quien alquiló sus nuevas oficinas mediante un contrato de opción de compra y otros de compensación de la rebaja que el exalcalde Saavedra impuso en la renta.

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