La banca y el Estado se juegan 64,5 millones de euros en el rescate de Naviera Armas

La banca y el Estado, a través del ICO, se juegan 64,5 millones de euros en el rescate de la Naviera Armas, si sale adelante el plan actual de un grupo de inversores para hacerse con el control de la compañía que opera distintas rutas en Canarias y conecta las islas con la península.

A mediados de abril, los principales dueños de bonos de la compañía canaria, asesorados por JP Morgan, Barings, Cheney Capital, Bain Capital y Tresidor, acordaron alargar el vencimiento y reducir su deuda de 445,9 millones a 178,4 millones, a cambio de controlar la mayoría del capital, en concreto el 94% del capital.

Eso permitiría que el grupo Armas Trasmediterránea reduzca su deuda casi a la mitad, de 538 a 278 millones, y el 6% restante de la compañía quedaría en manos de la familia Armas, fundadora de la naviera y de origen lanzaroteño, si así lo aprueba la junta de accionistas de la compañía el próximo 22 de mayo.

Además, los nuevos accionistas mayoritarios se comprometen a aportar hasta 73,3 millones de financiación para cubrir cualquier necesidad de liquidez del grupo mientras se lleva a cabo el proceso de recapitalización.

Poco después de anunciarse el acuerdo, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, se reunió con los nuevos propietarios de la Naviera Armas y se felicitó de que la presidencia de la compañía quede “en manos canarias” y el compromiso de que se mantendrán todas las rutas entre las islas y con la península.

Sin embargo, el plan de rescate propuesto por este grupo de inversores pretende que la banca -Santander, CaixaBank y Sabadell- además del Estado, a través del ICO, den por perdidos 65,5 millones inyectados a la compañía en préstamos durante la pandemia.

Fuentes financieras explican a EFE que las entidades quieren recibir el mismo trato que los bonistas y rechazan una quita total que supondría dar íntegramente por perdido el dinero prestado a la Naviera Armas con aval del Estado.

En el otro lado, los fondos argumentan que la nueva ley concursal permite hacer esa discriminación si hay un acuerdo mayoritario por parte de los acreedores, como ha ocurrido en este caso, pero los bancos están dispuestos a defender sus intereses “y los del Estado”.

Si las entidades no recuperaran ni un sólo céntimo del dinero prestado con el apoyo del ICO, como pretenden los nuevos accionistas mayoritarios de la Naviera Armas, podrían ejecutar el aval público y que el Estado sea quien acabe asumiendo el 70 % del crédito.

En cualquier caso, las fuentes consultadas confían en que los bancos sigan negociando con los fondos antes de que se celebre la junta y alcancen un acuerdo para no tener que bloquear judicialmente el plan de rescate de la compañía y complicar su futuro.

También advierten de las dificultades que, actuando de forma unilateral, podrían tener los nuevos accionistas mayoritarios de Naviera Armas para encontrar financiación de cualquier banco.