Berriel tilda de “impresentable” el secuestro de la voluntad de Rajoy por parte de Soria
El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, ha considerado “impresentable” que el Estado pretenda la suspensión de la Ley de Renovación y Modernización Turística por la “presión” del ministro Soria, y ha criticado su “intromisión” en una competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma.
En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Cotmac, Domingo Berriel ha lamentado que el Gobierno haya usado una potestad “exorbitante” que le da la Constitución para tratar de suspender esta norma, y recalcó que el Ejecutivo canario ha actuado dentro de sus “estrictas” competencias y observando “todos” los preceptos constitucionales al aprobar esta ley.
El consejero ha hecho hincapié en que la Ley Turística no vulnera “en modo alguno” la Directiva europea de Liberalización de Servicios, y aseguró que constituye una herramienta “fantástica” y “necesaria” para ordenar el sector turístico.
En este sentido, dijo que el turismo “no puede quedar al albur del liberalismo total porque afecta a los recursos naturales, al territorio y a la economía de las islas, por lo que requiere una planificación por parte del Gobierno de Canarias”.
A su juicio, “no todo lo que afecta a la economía tiene que estar liberalizado como pretende hacer ver el Estado con su recurso, ya que sería el primero que estaría vulnerando esas directivas al involucrarse en la planificación económica de la Comunidad Autónoma”, añadió.
CLIMA DE “INCERTIDUMBRE”
Domingo Berriel ha advertido de que el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Estado es “tremendamente negativo” porque introduce “incertidumbre” al sector, a las inversiones y a un proceso de renovación que “ya estaba en marcha” y que estaba resultando “muy eficiente”.
A falta de conocer el contenido del recurso, el consejero ha anunciado que los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias “ya están estudiando qué normas se pueden adoptar para evitar la paralización de las inversiones y aliviar el clima de incertidumbre en el que se ve sumido el empresariado”.
Berriel entiende que se trata de “un recurso político más que jurídico”, pues el Partido Popular “ha hecho uso de su herramienta en el Ministerio de Industria para atacar el corazón de una ley aprobada en el Parlamento de Canarias”.
