14 detenidos y cuatro investigados por defraudar 1,6 millones de euros a la Seguridad Social en Canarias

La Policía ha destapado en Canarias una red de sociedades que ha defraudado a la Seguridad Social cerca de 1,6 millones de euros, en un operación que implica a 18 personas en las dos provincias de las Islas, de las cuales 14 están detenidas y las otras cuatro investigadas.

La Jefatura Superior de Policía de Canarias explica que esta trama de fraude operaba “en sectores de actividad tan diferentes como la construcción, la estética, la cinematografía, la restauración, la hostelería y la actividad física”

Los acusados de participar en esas operaciones supuestamente eludían el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social mediante “sucesiones empresariales opacas” y creando “grupos fraudulentos de empresas”, para las que en ocasiones utilizaban a testaferros.

No obstante, “en algunas otras ocasiones pusieron al frente de los negocios a miembros de su familia o a trabajadores que no tenían otra opción si pretendían mantener el empleo”, añade la Policía.

En su mecánica de operación, detallan los investigadores, también “crearon sociedades patrimoniales a nombre de terceros, a las que transferían los bienes de las empresas deudoras y de sus administradores con el fin de ocultar el patrimonio y los beneficios a sus acreedores”.

“El caso más notorio se produjo por parte de un matrimonio canario que gestionaba varios centros deportivos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Con su empresa principal, creada en 1997, llegó a acumular una deuda con la Seguridad Social que rondó los 300.000 euros”, apunta la Policía.

Esta pareja en concreto supuestamente “no paró de realizar diversas tretas con el fin de eludir su responsabilidad”.

Esta dos personas, dicen las fuerzas de seguridad, “crearon empresas para gestionar de manera individualizada sus numerosos centros deportivos, haciendo rotar a los trabajadores entre ellas con el fin de evitar que acumularan antigüedad con una misma sociedad”, y más adelante, “ya acuciados por los acreedores, obligaron a los monitores deportivos a darse de alta como autónomos, creando, de esta forma, una situación de contratación fraudulenta”.

“Además, a partir del 2012 retiraron los datáfonos con el fin de impedir a los clientes el pago de sus abonos con este método, disimulando de una forma sencilla los ingresos obtenidos al pasar a manejar más efectivo”, añade.

En 2010, presuntamente esta pareja creó una nueva sociedad a nombre de un testaferro para “seguir burlando los controles” de la Seguridad Social.

“A continuación, ya en el 2016, arrendaron uno de sus gimnasios sobre el que pesaba un embargo de su maquinaria y de sus diferentes aparatos, encubriendo los ingresos generados de la explotación del negocio. Este alquiler incluía el centro deportivo con todos sus aparatos, los trabajadores a los que mantuvo sin solución de continuidad y a todos los clientes, creando con ello una sucesión empresarial encubierta”, apunta la Policía.

La mujer implicada en estos hechos cobraba un sueldo de 20.000 euros anuales, pero en menos de 24 meses recibió en sus cuentas ingresos por importe de unos 240.000 euros, “tratando de evitar nuevamente de esta forma los embargos asociados a la deuda de la Seguridad Social”, resalta el comunicado.