El decreto de los ERTE incluye un trato singular a Canarias si fuera necesario y hasta que se recupere la normalidad aérea

El Consejo de Ministros ha añadido al acuerdo con los agentes sociales que permite prorrogar la vigencia de los ERTE por fuerza mayor hasta el 30 de septiembre una disposición adicional que le compromete a atender las especiales circunstancias de Canarias hasta que se restaure la normalidad aérea.

“El Gobierno, en atención a los circunstancias de lejanía e insularidad que confieren a Canarias la condición de región ultraperiférica de la Unión Europea, tendrá en cuenta sus particularidades hasta la reanudación del tráfico aéreo internacional”, dice la disposición adicional séptima del decreto ley que prolonga el periodo de vigencia de los expedientes temporales.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), ha subrayado en rueda de prensa que esa cláusula adicional no estaba en el acuerdo inicialmente pactado por las partes, sino que se ha añadido después de una “tarde intensa” de gestiones desde las islas, y ha confiado en que abra la puerta a que el archipiélago tenga un apoyo suplementario si el 1 de octubre lo sigue necesitando.

El Gobierno canario y las patronales de las islas venían presionando en las últimas semanas para que, en su comunidad autónoma y en particular en el turismo, los ERTE por fuerza mayor se prorrogaran hasta el 31 de diciembre, para paliar el fuerte impacto que la crisis del covid-19 ha tenido en la región, debido a su alta dependencia del turismo internacional y del transporte aéreo.

Torres ha recordado que en octubre comienza tradicionalmente la temporada alta del turismo en las islas, un período en el que suelen recibir algo más de un millón de visitantes de otros países al mes, en particular del Reino Unido, Alemania y los países nórdicos, los grandes clientes vacacionales de Canarias.

El presidente canario ha expresado su deseo que, para esa fecha, la normalidad en el tráfico aéreo y en la actividad hotelera se haya recuperado, pero, si no fuera así, ha enfatizado que ahora las islas disponen de una cláusula legal que les abre la puerta a recibir un trato que atienda “las singularidades” de su economía.

Torres ha recalcado que tanto el Gobierno canario como las patronales y los sindicatos de las islas valoran el efecto que los ERTE están teniendo para preservar el empleo en la comunidad.

En estos momentos, en Canarias 205.000 personas están incluidas en expedientes temporales por fuerza mayor y otras 30.000, en ERTEs convencionales. Si esas dos cifras se suman a las del paro registrado, ha añadido, muestran que medio millón de canarios (sobre un total de 2,2 millones de habitantes) están sin actividad laboral.

Sin embargo, ha recalcado el presidente canario, los 205.000 trabajadores en ERTE siguen manteniendo la vinculación con su empresa y conservan “la esperanza” de reanudar su actividad, algo que no tendrían en unas circunstancias como las actuales si hubieran sido incluidos en un expediente de regulación de empleo extintivo.

Desde su punto de vista, que Canarias haya conseguido tener una mención específica que reconoce la necesidad de atender sus singularidades “es una buena noticia”, “para estar contentos”.