El Gobierno canario deja sin ayudas por el temporal de 2010 a los agricultores y ganaderos
Tanta espera estaba cantado que conducía al no, a la desestimación, y así mismo ha ocurrido: ya ha sido confirmado. El Gobierno autonómico, en este caso específico a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas (departamento que hoy dirige Narvay Quintero), ha tardado nada más y nada menos que seis años en comunicar a los agricultores y ganaderos locales que pidieron ayudas para paliar los destrozos ocasionados por el temporal ocurrido el 31 de enero y el 1 y 2 de febrero de 2010 (de fuertes lluvias y vientos) que ya no recibirán apoyo público alguno de la Comunidad Autónoma de Canarias para compensar tales pérdidas en producciones e infraestructuras agrarias.
Sí, era lo previsto; sí, era lo que anunciaba y regulaba el Decreto 12/2010, de 4 de febrero, sacado a toda prisa en el BOC, para rebajar presiones y vender capacidad de respuesta tras el paisaje de desolación que quedó en parte del campo canario (sobre todo en los nortes de Tenerife y La Palma), y anunciado con todos los esfuerzos por los entonces integrantes del gabinete de Paulino Rivero, en ese momento presidente del Ejecutivo canario.
Todo ese potencial, toda esa supuesta capacidad de reacción ante el desastre, todas las visitas a explotaciones agrarias completamente dañadas por el fuerte viento y la intensa lluvia de esos días, todas esas acciones político-públicas, desde hace unas semanas ha quedado claro que no han servido de nada. La realidad hoy en día es la existencia de otra desolación: la de los agricultores y ganaderos de las Islas afectados por ese temporal que ahora sí pueden decir en voz muy alta que han sido “engañados”, y no se trata de dos o tres, de 15 o 20. No... Son cientos en toda Canarias. Muchos de ellos ya saben que lo que invirtieron en rehabilitar las estructuras destrozadas o los daños ocasionados en sus producciones ya no será compensado por la vía pública. Seis años para esto, seis años para llegar a un final que ya estaba anunciado. Y lo mismo ocurrirá para los que hicieron los idénticos trámites acogiéndose al Decreto 21/2010, este diseñado para atender el temporal del 15 y 16 de febrero de ese año. Mes aquel de temporales, días hoy de descontentos.
Las órdenes de desestimación de los citados apoyos, que no se han publicado de forma conjunta en el BOC, sino que han sido dirigidas de manera particular a cada peticionario de las ayudas o subvenciones previstas en aquel decreto específico (al menos así ha sido para los agricultores y ganaderos), tienen fecha de firma electrónica en torno a principios de marzo de este año. En ellas se justifica la anulación de los apoyos para compensar los daños en producciones e infraestructuras agrarias ocasionados por el temporal de viento y lluvia que se activó el 31 de enero de 2010 en la “falta de existencia de crédito adecuado y suficiente”.
A esta razón, el departamento autonómico que tenía confiada la gestión de esos apoyos añade otra causa que, sin duda, tiene mucho peso legal: “(…) la ayuda solicitada también debe desestimarse en virtud de lo establecido en los artículos 10 y 11 del Reglamento (CE) 1857/2006, de la Comisión y de 15 de diciembre de 2006, sobre aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado”. Las referidas ayudas, prosigue el argumento de la Consejería, se acogían a ese reglamento “(…) en virtud de los referidos preceptos del Tratado”, y en él se “(…) exigía que las ayudas estuvieran pagadas en el plazo de cuatro años a partir de su establecimiento, esto es, antes del 3 de marzo de 2014”. Como se ve, de esto tampoco se acordaron.
Las órdenes de desestimación de los mencionados apoyos públicos han sido remitidas por la funcionaria Milagros Luis Zamora, jefa de Actuación Jurídico-Administrativa en la Consejería de Agricultura. Esto también se hizo en fechas de inicio o mediados de marzo pasado.
Intento fallido de abono a finales de 2013
La Consejería de Agricultura, como está acreditado, hizo un intento de pago de esas ayudas públicas a finales del año 2013 (en plena crisis económica y coyuntura de recortes presupuestarios), acción que no llegó a consolidarse, otra vez más, con el argumento de la falta in extremis de recursos económicos.
El temporal de lluvia y viento de los días 31 de enero y 1 y 2 de febrero de 2010, más el siguiente del 15 y 16 de ese mismo mes y año, ocasionó cuantiosos destrozos en el campo de las Islas, en especial en los territorios más occidentales. El impacto negativo de esas intensas y continuas precipitaciones (más el viento) en explotaciones agrícolas y pecuarias de Canarias, en especial en Tenerife, propició que el Consejo de Gobierno dictara los decretos 12/2010 y 21/2010, que son los que ahora se confirma que no han servido para nada, al menos en lo relacionado con los desperfectos que se produjeron en el campo isleño.
