Peluquerías de zonas turísticas, autoescuelas y otras empresas en crisis también quieren ayudas estatales

Zona comercial y de ocio del sur de Gran Canaria, paralizada el pasado año por la COVID-19. (ALEJANDRO RAMOS)

Jennifer Jiménez

Las Palmas de Gran Canaria —

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Peluquerías que se encuentran en zonas turísticas, autoescuelas, centros de formación… También autónomos como abogados, economistas y otros profesionales. Hay un amplio número de empresas que se han quedado fuera del listado del Gobierno central para recibir ayudas directas destinadas a paliar pérdidas por la crisis de la COVID-19. Las partidas del Ejecutivo traen la buena noticia de que Canarias es una de las más beneficiadas por su dependencia del sector turístico. De este modo, recibirá 1.144 millones de euros, pero la medida no contenta a todas las empresas ya que de las más de 500 tipologías que existen, solo se contemplan 95 en el Boletín Oficial del Estado. Pero no es el único escollo que impide presentarse a muchas empresas, también lo es el hecho de que se obliga a demostrar que la facturación ha caído más del 30% en el año 2020 respecto al año 2019, lo que dejaría fuera a empresas de reciente creación. 

Otro de los inconvenientes que detallan empresarios consultados es que se impide acceder a estas ayudas a quienes ya registraban pérdidas en 2019, así como a aquellas entidades que mantienen deudas tributarias o con la Seguridad Social. “Las ayudas se necesitan precisamente para mitigar la deuda con la Seguridad Social, las que se tengan con el Gobierno de Canarias por el IGIC o AIEM o con sus propios proveedores”, explica el empresario de la importación y expresidente de la patronal de Las Palmas Sebastián Grisaleña, que estima que en su sector se han producido pérdidas sobre un 75% o un 80% con respecto a 2019 debido a que está muy ligado a la actividad directa con hoteles, bares y restaurantes. 

“Es muy bueno que Canarias haya sido la región que más dinero haya recibido porque sus necesidades son muy superiores al resto de la España peninsular. Por tanto, muy bien por parte del Estado”, señala Grisaleña. No obstante, lamenta precisamente que se esté dejando fuera a muchos sectores. “Yo diría que todas aquellas empresas que están teniendo pérdidas superiores al 70%, ya no hablamos de 2019 sino de 2020, tienen que poder recibirla”, zanja. En los mismos términos se posiciona el presidente de ATA Canarias, Juan Carlos Arricivita, que apunta que “han quedado fuera de estas ayudas actividades como las tiendas de souvenir”. Por ello, apunta que se está negociando con el Gobierno realizar cambios. “Entendemos que no van a llegar a todo el mundo, pero las pérdidas que hemos tenido son muy grandes”, remarca. 

El portavoz de la asociación de autónomos insiste en que “hay un problema importante y es que la gente que no está al corriente de pago se les excluye también”, por lo que considera que hay que “flexibilizar las ayudas”. De hecho, señala que hay muchos empresarios que solicitaron el crédito ICO pensando que la pandemia iba a durar unos meses y “sobre todo para estar al corriente de pago, con lo cual piden financiación para pagar impuestos”, añade. Y es que, el peso del sector turístico recuerda que ha arrastrado en esta comunidad autónoma a numerosos sectores, desde empresas de guaguas turísticas a lavanderías que trabajaban con hoteles, sin olvidarse del taxi e incluso del sector primario. La densidad de la crisis además es muy distinta dependiendo de la isla y de la zona. “A una perfumería, por ejemplo, que está en una zona turística no le merece abrir”, lamenta. 

Otro de los aspectos a los que pequeñas empresas y autónomos ven reparos es a la necesidad de que la empresa beneficiaria de estas ayudas deba, según recoge el BOE, “justificar ante el órgano concedente el mantenimiento de la actividad que da derecho a las ayudas a 30 de junio de 2022”. Se trata de un requisito que, ante una realidad inestable marcada por la pandemia, desconocen si se va a poder cumplir. “No te garantizan que la economía vuelva a la normalidad pero te exigen seguir hasta junio”, reprocha Juan Carlos Arricivita, que añade que es difícil cuantificar cuántos autónomos han parado al completo, pero prevé que entre unos 10.000 y 12.000 no continúen. Considera que se deben articular más ayudas y que el Gobierno canario o los cabildos complementen a esas empresas que se han quedado fuera de las estatales. 

El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), José María Mañaricúa, también recalca que es positivo que Canarias y Baleares reciban más ayudas porque la crisis les ha afectado mucho más y además Canarias es región ultraperiférica. Sí entiende que deberían flexibilizarse más las ayudas, en especial para quienes ya tenían pérdidas en el año 2019. “Quien compró un hotel en 2020 no puede acreditar pérdidas”, señala como ejemplo. El sector sí celebra también los 80 millones de euros que recibirá del Gobierno regional destinados a bonificar el IBI o parte de él.

Sebastián Grisaleña se muestra “muy preocupado” porque las empresas vayan a tener que devolver las partidas o que haya “determinados grupos de presión y lobbies” que se aprovechen “en deterioro de los autónomos, pymes y empresas, que todas salvo rarísimas excepciones lo están pasando mal y lo volverán a pasar mal si esto no se remedia a la mayor brevedad”. “Ya han cerrado miles de empresas y van a seguir cerrando”, lamenta. A su juicio, la administración también debe realizar un esfuerzo para que deje de excusarse en la falta de personal. “Si hay falta de personal habrá que hacer un esfuerzo desde la administración autónoma para que no se pierda ni un céntimo”, remarca. 

Por su parte, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ya adelantaba en la cadena Onda Cero este martes que ha presentado una propuesta con Baleares para que empresas que antes de la pandemia tenían pérdidas puedan acogerse a las ayudas como las entidades que sufrieron la quiebra de Thomas Cook. También aboga por ampliar el número de actividades económicas que se puedan acoger a las mismas. Sobre las ayudas del Ejecutivo regional se espera que empiecen a cobrar las empresas a las que se les ha ido concediendo a la mayor brevedad y para la gestión de estos expedientes la Consejería de Economía se está apoyando en las cámaras de comercio de las Islas. 

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