Piden un nuevo embargo a los Ruiz-Mateos por unos 60 millones de euros
MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
La administración concursal de Carnes y Conservas Españolas (Carcesa) ha solicitado al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Badajoz que decrete el embargo preventivo de bienes de la familia Ruiz-Mateos por valor de unos 60 millones de euros, según informaron a Europa Press en fuentes jurídicas.
Con las medidas cautelares solicitadas, según las mismas fuentes, los administradores concursales buscan cubrir el déficit patrimonial de la compañía, que se encuentra en concurso de acreedores desde marzo, con un 'agujero' patrimonial de cerca de 68 millones de euros.
En concreto, el fabricante de Apis y Fruco presenta un pasivo de aproximadamente 245 millones de euros, frente a activos valorados en unos 178 millones de euros.
En el caso de que el Juzgado adopte esta medida, se sumaría al embargo ordenado por el juez que tramita el concurso de acreedores de Grupo Dhul contra el fundador de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, y sus hijos Álvaro y Francisco Javier, por valor de 618 millones de euros.
Igualmente, la Audiencia Nacional impuso a la familia Ruiz-Mateos una fianza de 30 millones de euros, dentro de la causa abierta por presunta estafa e insolvencia punible, entre otros delitos. Los Ruiz-Mateos no depositaron el importe en plazo, lo que previsiblemente también obligará al juez a dictar el embargo de bienes a los imputados para cubrir su responsabilidad civil ante las pérdidas sufridas por los inversores en pagarés del grupo.
PRECIO DE VENTA DE CARCESA
Por otro lado, los administradores concursales de Carcesa han presentado a la juez que tramita el concurso una propuesta para la venta de la unidad productiva.
Según esta propuesta, si el negocio se adjudicara a la Sociedad Gestora de Industrias Agroalimentarias, que explota Carcesa en régimen de alquiler con opción a compra, el precio se situaría entre cinco y seis millones de euros, mientras que si se decidiera traspasar a un tercero, el importe mínimo de venta oscilaría entre 15 y 16,5 millones de euros.
Los terceros interesados deberán abonar, de este modo, una prima respecto al precio establecido para la gestora, una sociedad que, integrada por la empresa pública Extremadura Avante y las cooperativas Acopaex y Tomates del Guadiana, firmó en mayo el contrato de arrendamiento de gestión, con una inversión superior a los seis millones de euros.
