''Veto'' de los bancos a las constructoras canarias
La vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Tenerife, Ángeles Palmero, ha denunciado este martes que las dificultades de financiación afecta al 82,8% de los constructores canarios frente a una media del 45 para el resto de actividades económicas. Palmero asegura que “existe un auténtico veto por parte de las entidades financieras a la construcción, que no solo debe soportar el cierre del grifo crediticio y la competencia de las propios bancos como inmobiliarias, sino que, además, hacer frente a la morosidad de las administraciones públicas y del propio sector privado”.
La debilidad de la demanda es otra de los grandes obstáculos del sector porque más del 82% de los constructores lo sitúan como el principal factor que limita su actividad, dijo.
Palmero demanda “medidas de estímulo que den un respiro al sector de la construcción y eviten los continuos cierres de empresas y, por tanto, de destrucción de puestos de trabajo directo e indirecto generados por el mismo”.
Además, críticó duramente también “la complejidad de una administración, que es incapaz de poner en marcha instrumentos vitales para el desarrollo económico de Canarias como son sus planes generales de ordenación urbana”. “Es increíble que después de cuatro largos años de crisis, el Gobierno y los ayuntamientos hayan sido incapaces de buscar una solución a la parálisis urbanística de las Islas”, se lamentó en comparecencia informativa, y añadió que “su ineficacia ante la propia maraña administrativa que han generado ellos mismos se ha antepuesto al interés de promover inversiones que generen empleo para los canarios”.
A juicio de la vicepresidenta de la Cámara, “es vergonzoso que en ocho años tan solo 14 de los 88 municipios hayan aprobado su planeamiento. No sé si la culpa es de los ayuntamientos, del Cabildo o del Gobierno, lo que se si sabemos los empresarios es que esta situación es inaceptable. porque si alguien no empieza a ponerle solución a este tema, el paro seguirá cabalgando a sus anchas en Canarias”, advierte.
Otro de los frentes que, a su juicio, necesita una mayor dinamización y un sólido compromiso de cooperación entre lo público y lo privado es el de “impulsar políticas de rehabilitación y conservación que tengan como objetivo mantener nuestro patrimonio público y privado, preservar nuestras infraestructuras, restituir zonas urbanas deprimidas, mejorar las infraestructuras de tratamiento de aguas y líneas energéticas o la rehabilitación de nuestra planta alojativa, entre otras cuestiones”.
