La lucha por la defensa del sistema público de pensiones mantendrá la tensión en las calles

Cerca de un centenar de personas han respondido al llamamiento de la coordinadora en defensa del sistema público de pensiones y se han concentrado en la mañana de este sábado ante la sede de la Delegación del Gobierno en la isla de El Hierro.

Los concentrados recordaban que en los últimos días el Gobierno del Partido Popular (PP) ha tomado dos medidas sucesivas, condicionadas a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018.

La primera contempla el alza hasta el 3% de la revalorización de las pensiones no contributivas y las mínimas, la subida del 1,5% a las pensiones de hasta 700 euros y la elevación del 1% a las pensiones situadas en la franja entre los 700 y los 860 euros.

Por otra parte, la base reguladora de las pensiones de viudedad subiría al 54% desde el 52% actual. Las pensiones por encima de estos topes subirían tan sólo el 0,25%.

Sin embargo consideran que estas medidas “son claramente insuficientes para los pensionistas en general y más insuficientes todavía para los canarios y canarias, cuyas subidas estarían entre los 7 y los diez euros mensuales, y no darían ni para compensar sus gastos en materia de copagos sanitarios, cuya media oscila en torno a los 20 euros al mes”.

No obstante, las consideran victorias parciales arrancadas a la intransigencia del Gobierno por las grandes movilizaciones de febrero, marzo y abril de este año.

La segunda medida, conocida el pasado miércoles 25 de abril, es el acuerdo entre el Gobierno y el PNV para incluir en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 la subida de las pensiones el 1,6%, según la inflación prevista para este ejercicio, y el alza según el IPC en 2019. Asimismo, se aplaza hasta el 2023 la entrada en vigor del factor de sostenibilidad de las pensiones y se aumenta hasta el 56% en 2018 y el 60% en 2019 la base reguladora de la pensión de viudedad.

Otra victoria parcial del movimiento de pensionistas “y otro parche más que no va al fondo de la cuestión, que es la reforma total del sistema público de pensiones, de manera que permita unas prestaciones dignas para todas y todos los actuales y futuros pensionistas”.

Y es que entienden que “en el pacto PNV-PP hay truco: el Gobierno se podrá librar de los 1.800 millones que tendría que gastar en subir las pensiones en 2019 según el IPC, si en la Comisión del Pacto de Toledo se consigue un acuerdo sobre un nuevo índice de revalorización. Y resulta que en dicha Comisión está ya bastante avanzada, según algunas informaciones, la negociación sobre este nuevo índice que tendrá en cuenta el IPC, pero que también incorporará otras variables, como los salarios o el Producto Interior Bruto, de manera que la subida de las pensiones esté por encima de 0,25% actual, pero más baja que si estuvieran vinculadas sólo al IPC.”

En este sentido añaden que “el problema sigue estando presente. Hay que derogar completamente la ley de 2013 que establece el factor de sostenibilidad y el Índice de Revalorización del 0,25%, que, si las cosas salen como ellos mismos dicen, volverá a estar en vigor de nuevo a partir de 2020”.

Así es que entre sus reivindicaciones figuran la derogación de dichas reformas con la restitución de la jubilación a los 65 años y del periodo de cómputo anterior; la garantía constitucional de que las pensiones suban siempre conforme al IPC; la derogación del factor de sostenibilidad de las pensiones; la subida de las pensiones no contributivas, mínimas y de viudedad hasta el salario mínimo interprofesional; o el cierre de la brecha de género en los salarios y las pensiones de las mujeres.

Asimismo pelearán por la derogación de los copagos y repagos sanitarios; la financiación del sistema público de pensiones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, no condicionándola solamente a las cotizaciones de la Seguridad Social, que deben mantenerse para enjugar los déficits y restaurar la hucha de las pensiones; la derogación de las reformas laborales, que han precarizado el trabajo, disminuido los salarios y vulnerado los derechos sindicales, que deben ser recuperados plenamente, especialmente los convenios colectivos; y la presencia de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones en el debate y las negociones sobre el futuro de éstas.

Los pensionistas terminan diciendo que “las movilizaciones de estos meses en todo el Estado han renovado las estrategias electorales de unos y los intereses partidistas de otros. Los hemos obligado a ceder y el dinero para las pensiones ha aparecido, aunque decían que no lo había. Por eso no podemos volver a casa. Por el contrario, hay que seguir presentes en las calles con más intensidad incluso que hasta ahora”.