El recorte a las renovables, ''estafa y expropiación''
Las asociaciones de renovables acusan al Gobierno de “argentinizar España” al “quitarles” 500 millones de euros con el recorte aprobado el viernes, mientras “con la otra mano” da 1.000 millones a otros agentes del sector eléctrico como eléctricas o industrias, a las que se les mejoran las partidas de distribución e interrumpibilidad.
Las asociaciones de renovables APPA, de fotovoltaica Anpier y UNEF, de termosolar Protermosolar y de biomasa APPA Biomasa han calificado de “estafa” los últimos recortes al sector, ante los que auguran “denuncias en todos los organismos nacionales e internacionales posibles”.
El presidente de APPA, José Miguel Villarig, criticó al Ejecutivo por “atacar” a las renovables e incluso por “difamarlas”, al atribuirles la causa del déficit de tarifa. Los últimos recortes atentan contra la seguridad jurídica y contra los principios de igualdad y rentabilidad razonable, y son “confiscatorios” al aplicarse a plantas que ya están “en pérdidas”.
“Nos sentimos estafados tras la guinda del último real decreto ley, hasta el punto de que sentimos vergüenza al contar en el exterior lo que pasa con las renovables”, señaló, antes de lamentar que el departamento dirigido por José Manuel Soria aplique los recortes al sector sin informar ni reunirse con él, al tiempo que “compra los argumentos” de las grandes eléctricas.
Por su parte, el secretario general de Protermosolar, Luis Crespo, dijo que en apenas seis semanas su sector ha perdido el 33% de sus ingresos y se preguntó “cómo se puede confiar en un país que usa el BOE para atraer 13.000 millones de inversión y al día siguiente hunde las expectativas de negocio”.
“Se trata de una expropiación en toda regla, así que resulta sarcástico que (el presidente del Gobierno, Mariano) Rajoy pida fuera la seguridad jurídica que niega dentro. Eso es argentinizar España”, afirmó, antes de acusar a Industria de hacer estimaciones de costes para la termosolar de 1.600 millones, cuando en realidad son 1.200 millones.
Los termosolares advierten de que los inversores internacionales, entre los que figuran grandes corporaciones, iniciarán en breve los trámites para presentar un arbitraje internacional contra España por la nueva fiscalidad eléctrica, al disponer de pruebas “demostrables y objetivables” de que los nuevos impuestos son, en el caso de esta tecnología, “retrospectivos y confiscatorios”.
20.000 millones de apalancamiento solar
Unos 10.000 millones de la inversión termosolar está apalancada, y este importe, sumado a los cerca de 20.000 millones de deuda de la fotovoltaica, sitúa en cerca de 30.000 millones el apalancamiento total de las tecnologías solares.
El director general de UNEF, José Donoso, advirtió de que los ingresos de las plantas no son suficientes para cumplir el servicio de la deuda y de que los últimos recortes habrán reducido un 30%, o en 9.500 millones, la facturación de esta tecnología entre 2010 y 2020.
UNEF denuncia que esta merma se produce a pesar de que la fotovoltaica contribuyó con 805 millones en 2012 a contener el déficit de tarifa, y lo hará con otros 1.013 millones en 2013. Donoso pidió diálogo al Gobierno y lamentó que los fotovoltaicos se sientan hoy “como despachadores de droga, porque nadie quiere tener nada con ellos”.
Banca ''insensible''
“La financiación es la última fase del estrangulamiento de la soga”, lamentó por su parte el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, quien aseguró que “la banca no está siendo sensible con la situación que están sufriendo cientos de miles de familias”.
“Aprovechan la situación para endurecer las condiciones y subir los tipos de interés. No hay sensibilidad ni apoyo de la banca, y estamos trasladando la situación al Gobierno y pidiendo una línea ICO, pero la respuesta es no”, señaló.
Martínez-Daroca ha mostrado una página del BOE para decir que “este fue el principal problema” del sector y el sitio desde el que “estafó y engañó” a los inversores. “Nos han recortado un 40% la retribución. Nuestro premio ha sido abandonarnos en la cuneta”, aseguró.
Biomasa
Por su parte, el vicepresidente de APPA Biomasa, Manuel García, consideró que, tras las últimas medidas, el Gobierno “ha acabado definitivamente con el sector de la biomasa”.
Esta tecnología, la única que se quedó por debajo del objetivo de desarrollo incluido en los planes de renovables, ya ha visto cómo cierran algunas de sus plantas y los bancos “anulan las condiciones de financiación” ante la “situación bananera” del país, dijo.
