Patricia Hernández propone multar a los bancos con cláusulas abusivas
La candidata del PSOE a presidenta del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, ha anunciado este domingo que propondrá en su programa electoral medidas para que desde el Ejecutivo regional se sancione a las entidades financieras que mantengan cláusulas abusivas en sus contratos hipotecarios, destinando esa recaudación “de forma exclusiva” a devolver a la ciudadanía el dinero cobrado indebidamente.
Tras haberse reunido con varios colectivos de afectados por las hipotecas y escuchar sus propuestas, la socialista ha insistido en que es “inconcebible” que la gente que está padeciendo la crisis “pague más dinero que el que le corresponde”, por lo garantizará que todo canario pueda tener un techo digno “sin estar soportando abusos”, un derecho que recuerda que está recogido en la Constitución.
“Hay que revisar y sancionar las condiciones abusivas de esos contratos, pues en la práctica esa hipoteca, que debería ser variable, pasa a ser fija cuando el interés baja del suelo”, ha añadido la candidata, lo que a su juicio supone que esas entidades abusan de sus clientes.
Hernández también ha recordado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha respaldado el pasado mes de enero que los jueces españoles puedan anular cualquier cláusula hipotecaria que consideren abusiva, ratificándose en otra sentencia de marzo de 2013.
“Sobran los motivos legales y jurídicos para perseguir y acabar con las cláusulas suelo abusivas, pero, sobre todo, sobran motivos sociales para que, si tengo la confianza de la ciudadanía, tome decisiones de forma inmediata acerca de esta cuestión”, ha asegurado al tiempo que recuerda que estas pueden suponer hasta un sobrecoste de 3.000 euros al año.
También hizo especial hincapié en acciones urgentes en materia de vivienda, pues la candidata entiende que la precariedad económica, laboral y social por la que atraviesan miles de familias obliga al Gobierno regional que ella presida a corregir los desequilibrios que origina la economía de mercado.
Por ello, se compromete a crear una Oficina de Intermediación Hipotecaria en el Ejecutivo regional que se convierta en mediadora en los procesos de ejecución hipotecaria con el fin de evitar los desahucios y negociar con las entidades financieras un alquiler social para que las familias afectadas no sean desalojadas y se queden sin su vivienda. Esta oficina serviría de enlace entre los afectados por las hipotecas y las entidades financieras, con el fin de buscar alternativas y soluciones consensuadas entre las partes, como por ejemplo, la negociación para suprimir las cláusulas suelo, la reestructuración de deudas o acuerdos de refinanciación, de carencia, de dación en pago e, incluso, “la suspensión del plazo procesal de lanzamiento”.
Hernández propone que los servicios prestados por la Oficina de Intermediación Hipotecaria se lleven a cabo por profesionales especializados, para lo que suscribirá un convenio entre la Comunidad Autónoma y los Colegios de Abogados de ambas provincias con el fin de garantizar la “prestación gratuita de estos servicios a la ciudadanía”.
La última de las acciones urgentes que incluye el programa electoral en materia de viviendas es impulsar la rehabilitación destinada a regenerar zonas degradadas y en situación de marginalidad, incrementado para ello la financiación de la Comunidad Autónoma para tal fin y la negociación con el Gobierno del Estado para que aumente su participación presupuestaria para tal fin.
