Rascarse el bolsillo
La iniciativa de la alianza electoral nacionalista entre Coalición Canaria y Nueva Canarias (CC-NC) resulta la más precisa en cuanto a medidas a emprender para actuar sobre el territorio de las islas. Era de esperar. Adolece, sin embargo, de un matiz desconcertante en su arranque: para potenciar la dinamización económica generadora de empleo CC-NC propone un aumento de la inversión pública a medio plazo, llevando a cabo políticas anticíclicas, “respetando la estabilidad presupuestaria” a través de políticas de ajuste.
El programa recoge la exigencia de financiación de planes específicos para Canarias por parte del Estado. “La economía canaria necesita altas tasas de crecimiento para generar puestos de trabajo”, explica el documento, “por lo que hay que seguir impulsando que el Estado financie los Planes Integrales de Empleo”. La historia se repite con el mantenimiento del Plan Canarias, que el propio Pedro Quevedo, cabeza de lista de la coalición al Congreso por Las Palmas, ha negado más de una vez tachándolo de “humo”.
Más allá de las medidas específicas para la región, CC-NC pretende “crear un marco estable de ayudas e incentivos a la creación y fomento empresarial” a través de la Zona Especial Canaria (ZEC) y el apoyo estatal al plan de internacionalización de la empresa canaria, del que deducir el impulso a las pymes. Contempla también potenciar el autoempleo e incentivos fiscales y nuevos mecanismos de financiación para proyectos empresariales innovadores en el ámbito de la I+D+i (investigación, desarrollo e innovación).
En cuanto a Izquierda Unida, el informe elaborado por el Gestha destaca la exigencia a las entidades financieras avaladas por el Gobierno un Programa de crédito a la pequeña empresa y autónomos equivalente en volumen de recursos a la inversión productiva y la inclusión de cláusulas sociales en los contratos y licitaciones de las Administraciones Públicas para priorizar pequeñas empresas y autónomos. Su programa también incluye compensaciones a por nuevas contrataciones que sean necesarias para mantener la producción por el paso de la jornada de trabajo normal a 35 horas semanales.
“Menos trabajo para más trabajadores”, es la filosofía compartida por la formación ecosocial Equo, que se apoya en un cambio de modelo productivo más sostenible ligando gran parte de los incentivos fiscales y bonificaciones a emprendedores a la eficiencia energética y las políticas de I+D+i a través, además, de una “banca ética y cooperativa”. Proponen también la equiparación de los derechos de autónomos y asalariados y apoyar a los emprendedores con una cotización variale en función de los resultados de la empresa y el cobro del IVA de acuerdo con los ingresos, y no con la facturación.
La propuesta de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) se despega de la política de incentivos y bonificaciones (que reivindica para los programas de internacionalización de pymes) y se centra algo más en la reforma laboral con el fomento de la contratación a tiempo parcial y otra serie de medidas que tienen como objetivo reducir la inversión pública más que estimular la ceración de empleo (cese de contratos temporales, aumento progresivo de las indemnizaciones por despido en función de la antigüedad, cese de las bonificaciones a la contratación indefinida).
