El Gobierno insiste en la legalidad de la actuación de la Armada contra Greenpeace
El Gobierno insiste en que la Armada actuó “en su condición legal de agente de la autoridad”, de acuerdo con los convenios internacionales suscritos por España y con total proporcionalidad de medios y fuerza, durante el incidente del pasado 15 de noviembre en aguas de Fuerteventura y Lanzarote entre las Fuerzas Armadas con una embarcación de la organización ecologista Greenpeace.
Así se desprende de una respuesta del Ejecutivo en el Congreso de los Diputados dirigida al diputado de ICV Joan Coscubiela, que ha sido recogida por Europa Press, después de que el ecosocialista preguntara tras el incidente si hubo o no uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en la protesta de Greenpeace contra el proyecto de perforación que la empresa multinacional de hidrocarburos Repsol realiza frente a las costas canarias.
El parlamentario catalán recuerda que el pasado 15 de noviembre se produjo un incidente cuando algunos miembros de Greenpeace intentaron llevar a cabo una “protesta pacífica” contra el proyecto.
“Respuesta desproporcionada”
“A pesar de que los métodos de Greenpeace para protestar se demostraron pacíficos, simplemente pretendían desplegar una bandera con un mensaje en contra de las prospecciones petrolíferas y a favor de la utilización de energías renovables, la respuesta de las Fuerzas Armadas a esta protesta fue extremadamente violenta y desproporcionada”, sostiene Coscubiela.
Al mismo tiempo, asegura que las dotaciones militares “actuaron de una forma totalmente imprudente e irresponsable”, tal y como se aprecia a su juicio en las imágenes que se han difundido del suceso, y cuya principal consecuencia fue que una de las personas que navegaba a bordo de una de las embarcaciones resultara herida al caer al mar, sufriendo cortes y una “fractura de considerable gravedad”, que ha requerido su hospitalización.
Auxilio a la activista
En la respuesta del Congreso, el Gobierno remarca que fueron los miembros de la Armada los que “rescataron, aplicaron primeros auxilios, estabilizaron y evacuaron con medios del Servicio Aéreo de rescato del 802 Escuadrón del Ejército del Aire de la activista herida”.
Es más, indica que el buque de Repsol Rowan Renaissance fue autorizado por el Gobierno a realizar trabajos de prospección petrolífera en aguas internacionales en las que España ostenta derechos soberanos sobre la plataforma continental.
“Para garantizar la seguridad en la navegación y permitir las labores de prospección, el Ministerio de Fomento estableció una zona de exclusión de una milla de diámetro alrededor de la situación en la que debían comenzar los trabajos”, agrega el Ejecutivo.
En este sentido, recuerda cómo la Armada, en cumplimiento de las competencias que le atribuye el derecho marítimo internacional y las órdenes recibidas, desplegó un dispositivo de vigilancia y control marítimo para la aplicación de esta medida.
“En la mañana del 15 de noviembre el buque de Greenpeace viola la zona de exclusión e ignora las repetidas instrucciones de abandonar la zona dadas por el Buque de Acción Marítima Relámpago. Además, puso en el mar tres embarcaciones con el objeto de hostigar e intentar abordar el Rowan Renaissance (Repsol)”, apunta.
