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Industria sólo obliga a Repsol a cubrir el equivalente al 1,35% de lo que costó la catástrofe del 'Prestige'

Imagen de archivo del hundimiento del Prestige. Efe.

Canarias Ahora

Las Palmas de Gran Canaria —

En caso de que las prospecciones autorizadas este miércoles por el Ministerio de Industria provocaran vertidos en las cercanas costas de Lanzarote y Fuerteventura, la compañía Repsol sólo se vería obligada a responder con 60 millones de euros, un 1,35% de lo que costó limpiar las costas gallegas tras la catástrofe del Prestige.

Según publicó este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE), la autorización permitirá a Repsol realizar tres sondeos en las aguas que separan a Canarias de Marruecos e impone una serie de condiciones a la empresa petrolera. Entre ellas, la de constituir un seguro de responsabilidad civil por un importe mínimo de 40 millones de euros, además de una garantía financiera de otros 20 millones destinada a cubrir responsabilidades medioambientales.

Estos 60 milllones, reservados para eventuales daños que pudieran ocasionar las prospecciones en aguas cercanas a Canarias, suponen un 1,35% de la cantidad total en la que la Fiscalía cifró los daños ocasionados por el desastre del petrolero Prestige en 2002. El informe de una de las consultas contratadas por la petrolera que preside Antonio Brufau ha considerado que se debe prever un blowout o reventón accidental que derrame 3.000 barriles diarios, es decir, unas 450 toneladas. Esa conclusión es mencionada en la autorización que este miércoles publicaba el BOE.

El Prestige derramó cerca de 64.000 toneladas de petróleo al mar tras un accidente que tuvo lugar a mucha más distancia de la prevista para los sondeos en Canarias. El barco quebró a 250 kilómetros de la costa de Galicia, mientras que las prospecciones se realizarán a entre 50 y 60 kilómetros del Archipiélago. En caso de que se encontrara petróleo en estas catas, los trabajos de explotación permitirán, según las previsiones de Repsol, extraer 110.000 barriles diarios.

Tras el accidente del Prestige, y al término del juicio que se celebró a mediados de 2013 para dirimir responsabilidades y que se convirtió en la mayor causa instruida en España por delito ambiental, la Fiscalía cifró en 4.442 millones los daños producidos por el vertido al medio ambiente, a la pesca y al turismo local.

El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera, ha afirmado que durante todo el proceso se ha despreciado el sentir de los canarios y el “legítimo interés” de las administraciones canarias para decidir sobre las actividades económicas que se desarrollan en su territorio.

Cabrera ha acusado directamente al ministro de Industria, Energía y Turismo, el canario José Manuel Soria, de desconocer la realidad de Fuerteventura y Lanzarote, islas donde, asegura, se depende al 98% del agua desalada y que, en caso de un vertido de petróleo, tendrían que suspender la producción de agua para no dañar la maquinaria.

Repsol ha querido minimizar las posibilidades de que ocurra un accidente y las ha cifrado en un 0,0000282%, un riesgo cien veces inferior al planteado por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, que eleva ese dato al 0,003% o, lo que es lo mismo, una posibilidad de entre 33.333 de que se produzca un derrame.

El Cabildo de Lanzarote ya ha anunciado su intención de recurrir la autorización a los sondeos mediante un recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Energía por lo que considera “el último y definitivo atropello a la población canaria por parte del binomio formado por Repsol y el Gobierno de Rajoy”.

El presidente del Cabildo conejero, Pedro San Ginés, anuncia acciones de la “máxima contundencia” durante las próximas semanas y meses, unas actuaciones, afirma San Ginés, que incluirán el apoyo firme a las movilizaciones ciudadanas, así como iniciativas en los ámbitos jurídicos, políticos, empresariales, científicos y sociales de toda Europa.

Tanto el Cabildo de Fuerteventura como el de Lanzarote han lamentado que durante el trámite no se hayan tenido en cuenta las alegaciones presentadas por ambas instituciones al Ministerio.

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